La Comunidad interpone recurso contra 52 chalés de Sevilla la Nueva

La Consejería de Obras Públicas de la Comunidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para detener la construcción de 52 chalés en Sevilla la Nueva (4.000 habitantes). Las casas se venden a precio libre cuando, según las normas urbanísticas, son las únicas del municipio que deberían tener algún grado de protección pública. Además, las parcelas son más pequeñas de lo reglamentado (132 metros cuadrados, en vez de 175 metros).

El equipo de gobierno municipal no da marcha atrás y considera que 'no compete a la Consejería de Obras Públicas decidir sobre esta cuestión'. El grupo municipal socialista, en la oposición, mantiene por su parte que 'a estos hechos se les llama simplemente estafa'.

El Consistorio está gobernado por cinco concejales independientes - cuatro de ellos pertenecían al PP hasta que el partido los expulsó en diciembre por firmar una moción de censura apoyada por un tránsfuga del PSOE- y uno del grupo mixto.

La promoción de 52 chalés adosados Los Nardos continúa su construcción. Ya el 23 de enero pasado la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes exigió al Ayuntamiento que anulase las licencias otorgadas el 27 de julio de 2001. Les daba el plazo de un mes. El Consistorio, sin embargo, decidió que las obras debían seguir su curso. 'Se tomó en pleno la decisión de no anular las licencias en base a informes técnicos encargados a empresas independientes', sostiene Ángel Batanero (independiente), portavoz del equipo de gobierno.

El PSOE denunció las supuestas irregularidades de las viviendas ante el Gobierno regional en agosto del año pasado. La portavoz socialista, Pilar Barroso, explica que los jóvenes se tienen que ir a otros pueblos como Villamanta o Villanueva de Perales por los altos precios que alcanzan las viviendas en este municipio. 'Los adosados en cuestión se están vendiendo a 168.000 euros (28 millones de pesetas), cuando, si se hubiera respetado la protección pública, el precio sería de 102.000 euros (17 millones de pesetas)', asegura.