¿Vitalicio?

Los redactores del Estatuto de Autonomía, que ayer celebró su vigésimo aniversario con una ceremonia protocolaria y fría en el monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia, nunca se detuvieron en sus deliberaciones a analizar el tratamiento de los presidentes de la Generalitat cuando éstos dejaran su cargo. Fue en la anterior legislatura, ya con el PP en el poder, cuando Eduardo Zaplana abrió el debate que se cerró (?) la pasada semana tras una entrevista con el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla. El acuerdo alcanzado entre los responsables de los partidos mayoritarios en la Comunidad Valenciana representa, en síntesis, que los ex presidentes serán miembros vitalicios del Consejo Jurídico Consultivo (CJC), y contarán con coche oficial, chófer, una oficina con recursos propios (secretaria) y dos asesores.

La opinión pública y la publicada han reaccionado con especial sensibilidad, no exenta en algunos casos de tintes demagógicos, al conocerse los detalles del acuerdo. Sensibilidad que se ha acentuado con el irresponsable comportamiento de autoproclamados portavoces de populares y socialistas que, ocultos tras el anonimato en algunos casos, no han dudado en acusarse mutuamente sobre la paternidad de los aspectos más polémicos del acuerdo, contribuyendo ellos mismos a incrementar el descrédito de los políticos bastante acrecentado ya de por si.

La adscripción vitalicia de los ex presidentes al CJC con sueldo similar al que percibían en el ejercicio de su cargo es, sin duda, la cuestión que más polvareda ha levantado. Es verdad que la percepción de ese salario es discrecional (serán ellos quienes decidan si lo cobran o no), como lo es que estarán sujetos al mismo régimen de incompatibilidades que el resto de los componentes del CJC. Y no es menos cierto que su trabajo en esta institución debe ser remunerado, como ocurre con los integrantes del Consejo de Estado que, por ejemplo, fueron en su día presidentes del Congreso de los Diputados o ministros.

Con ser todo ello cierto, no lo es menos que el pacto alcanzado entre Zaplana y Pla tropieza con un amplio rechazo entre los ciudadanos. Una amplia mayoría de la sociedad ve con buenos ojos que los ex presidentes tengan un tratamiento protocolario adecuado y unos medios suficientes para atender sus obligaciones en función de la responsabilidad que ostentaron en su día. Pero es incapaz de asimilar que se les garantice un puesto de trabajo de por vida con un sueldo millonario. Regalía que, por otra parte, es discriminatoria respecto del resto de cargos públicos -concejales, alcaldes, diputados o consejeros- que deben buscarse la vida una vez concluye su trayectoria pública sin, tan siquiera, tener derecho a percibir el seguro de desempleo pese a haber cotizado durante el ejercicio de su cargo.

Populares y socialistas aún están a tiempo de corregir, durante el trámite parlamentario, lo que a los ojos de la mayoría es un auténtico dislate. No hacerlo aumentaría el distanciamiento entre los ciudadanos y quienes son sus representantes y abonaría el terreno para los movimientos populistas.