El Inem pone a prueba al sector privado

El Instituto Nacional de Empleo (Inem) ha destinado 1,835 millones de euros para ensayar con distintas entidades privadas sin ánimo de lucro la inserción laboral de parados de larga duración. Más de 700 de ellos lo hacen a través de la Fundación Adecco y de la Asociación Española de Consultoras de Outplacement (AECO).

Los cuatro programas experimentales implican un compromiso mínimo de recolocación de entre el 25% y el 44% de los participantes

Una mujer mayor de 45 años y con pocos estudios tiene pocas probabilidades de encontrar un trabajo a través de los servicios públicos de empleo. Ana María Sarmiento tiene 47 años, estudios primarios y desde 1984 está apuntada al paro en Sevilla, la ciudad donde vive. Hace dos meses recibió una llamada del organismo de empleo para ofrecerle participar en un proyecto novedoso por el cual la Fundación Adecco, que forma parte del grupo multinacional del mismo nombre especializado en trabajo temporal, la ayudaría a volver al mercado de trabajo.

Al mes de haber aceptado la propuesta, que incluye la percepción de una renta de 331,65 euros al mes -el 75% del salario mínimo-, Ana María empezó a trabajar como limpiadora en un club. Tiene contrato por un año.

Por el momento, el 24% de los 320 desempleados que buscan trabajo gracias a este convenio entre la Fundación Adecco y el Inem ha tenido la misma suerte que Ana María. Otros 400, repartidos a partes iguales entre el País Vasco y Cantabria, están en manos de la Asociación Española de Consultoras de Outplacement (AECO), que agrupa a cinco firmas especializadas en recolocación y que por primera vez ha firmado un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Empleo (Inem).

Ambos son proyectos experimentales que tienen como objetivo final un contrato de trabajo de al menos seis meses de duración, pero que también prevén acciones de formación para mejorar la capacidad de buscar trabajo de estos desempleados. Todos los participantes pertenecen a colectivos que tienen especiales dificultades para conseguir un empleo, como mayores de 45 años, mujeres con cargas familiares o minusválidos, y que no reciben ninguna prestación porque ya las han agotado todas.

Tanto en estos casos como en los otros dos programas subvencionados con la misma partida presupuestaria -uno del Ayuntamiento de Granada y otro de de la asociación Ascodel- es el Inem quien selecciona a los participantes, que deben participar de forma activa. La subvención depende además de alcanzar en octubre un porcentaje mínimo de éxitos, que varía entre el 25% y el 44% de recolocados, explican fuentes de la Subdirección de Promoción del Empleo del Inem.

La Fundación Adecco se ha comprometido con el organimo público a recolocar a 192 de los 320 desempleados que le han asignado, explica su responsable, Francisco Mesonero. AECO eleva ese porcentaje al 44%, si bien por el momento sólo lo ha conseguido con el 5% de los participantes.

El presupuesto total que el Inem destina a los cuatro proyectos aprobados a finales del año pasado es de 1,835 millones de euros. En el caso de AECO, por ejemplo, la entidad percibe alrededor de 1.800 euros por cada desempleado atendido y una cantidad similar si logra que éste se coloque, explica su presidente, Jorge Salinas, para quien el programa supone 'el reto de demostrarle al Inem que podemos conseguir recolocar a los participantes'.

Éstos reciben una atención mucho más personalizada de la que hoy en día pueden ofrecer los servicios públicos de empleo y que corresponde a un equipo específico de consultores. 'En el Inem eres un número más', explica Ana María Sarmiento, quien desde que pasó a engrosar la lista de parados españoles tan sólo trabajó durante 15 días y gracias a un contacto personal.

Aunque el proyecto exige como requisito que las entidades participantes no ganen dinero por su intermediación entre empresas y parados, la mayoría de las fuentes consultadas coinciden en que de hecho se trata de un primer paso en la intención del Gobierno del Partido Popular de allanar el camino a la iniciativa privada. Un acicate para ello puede ser el hecho de que el Inem sólo gestiona en estos momentos alrededor de un 15% de las colocaciones del mercado español. En otros países de la Unión Europea, por los servicios públicos de empleo llegan a pasar hasta un 30% de las ofertas, calculan fuentes sindicales.

Reforma de la ley

El borrador de la reforma de la ley de empleo que acaba de pasar por el Consejo Económico y Social abre la posibilidad de que el sector privado participe en la intermediación laboral. Cuando el texto hace referencia a este punto, habla de las acciones de 'los servicios públicos de empleo y otros agentes intermediarios', sin especificar si debe tratarse de entidades sin ánimo de lucro. La única obligación es que respeten el principio de igualdad y no discriminación.

'La participación de entidades privadas introduce elementos de competencia en la línea de lo que ya ocurre en otros países europeos', asegura Pau Hortal, coordinador del programa de AECO. Para la secretaria de Empleo de CC OO, Dolores Liceras, no hay ningún problema en que el Inem colabore con el sector privado. De hecho, los servicios públicos de empleo mantienen acuerdos con distintas entidades colaboradoras y agencias de colocación. Lo que no está tan claro es si empresas que viven de recolocar a desempleados estarían dispuestas a renunciar a los beneficios que les puede arrojar esta colaboración. Los responsables de AECO son optimistas: 'Estamos entrando en una vía en la que será habitual que el Inem contrate los servicios de compañías dedicadas al outplacement, como ya ocurre en el resto de países europeos'.

Una mujer mayor de 45 años y con pocos estudios tiene pocas probabilidades de encontrar un trabajo a través de los servicios públicos de empleo. Ana María Sarmiento tiene 47 años, estudios primarios y desde 1984 está apuntada al paro en Sevilla, la ciudad donde vive. Hace dos meses recibió una llamada del organismo de empleo para ofrecerle participar en un proyecto novedoso por el cual la Fundación Adecco, que forma parte del grupo multinacional del mismo nombre especializado en trabajo temporal, la ayudaría a volver al mercado de trabajo.

Al mes de haber aceptado la propuesta, que incluye la percepción de una renta de 331,65 euros al mes -el 75% del salario mínimo-, Ana María empezó a trabajar como limpiadora en un club. Tiene contrato por un año.

Por el momento, el 24% de los 320 desempleados que buscan trabajo gracias a este convenio entre la Fundación Adecco y el Inem ha tenido la misma suerte que Ana María. Otros 400, repartidos a partes iguales entre el País Vasco y Cantabria, están en manos de la Asociación Española de Consultoras de Outplacement (AECO), que agrupa a cinco firmas especializadas en recolocación y que por primera vez ha firmado un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Empleo (Inem).

Ambos son proyectos experimentales que tienen como objetivo final un contrato de trabajo de al menos seis meses de duración, pero que también prevén acciones de formación para mejorar la capacidad de buscar trabajo de estos desempleados. Todos los participantes pertenecen a colectivos que tienen especiales dificultades para conseguir un empleo, como mayores de 45 años, mujeres con cargas familiares o minusválidos, y que no reciben ninguna prestación porque ya las han agotado todas.

Tanto en estos casos como en los otros dos programas subvencionados con la misma partida presupuestaria -uno del Ayuntamiento de Granada y otro de de la asociación Ascodel- es el Inem quien selecciona a los participantes, que deben participar de forma activa. La subvención depende además de alcanzar en octubre un porcentaje mínimo de éxitos, que varía entre el 25% y el 44% de recolocados, explican fuentes de la Subdirección de Promoción del Empleo del Inem.

La Fundación Adecco se ha comprometido con el organimo público a recolocar a 192 de los 320 desempleados que le han asignado, explica su responsable, Francisco Mesonero. AECO eleva ese porcentaje al 44%, si bien por el momento sólo lo ha conseguido con el 5% de los participantes.

El presupuesto total que el Inem destina a los cuatro proyectos aprobados a finales del año pasado es de 1,835 millones de euros. En el caso de AECO, por ejemplo, la entidad percibe alrededor de 1.800 euros por cada desempleado atendido y una cantidad similar si logra que éste se coloque, explica su presidente, Jorge Salinas, para quien el programa supone 'el reto de demostrarle al Inem que podemos conseguir recolocar a los participantes'.

Éstos reciben una atención mucho más personalizada de la que hoy en día pueden ofrecer los servicios públicos de empleo y que corresponde a un equipo específico de consultores. 'En el Inem eres un número más', explica Ana María Sarmiento, quien desde que pasó a engrosar la lista de parados españoles tan sólo trabajó durante 15 días y gracias a un contacto personal.

Aunque el proyecto exige como requisito que las entidades participantes no ganen dinero por su intermediación entre empresas y parados, la mayoría de las fuentes consultadas coinciden en que de hecho se trata de un primer paso en la intención del Gobierno del Partido Popular de allanar el camino a la iniciativa privada. Un acicate para ello puede ser el hecho de que el Inem sólo gestiona en estos momentos alrededor de un 15% de las colocaciones del mercado español. En otros países de la Unión Europea, por los servicios públicos de empleo llegan a pasar hasta un 30% de las ofertas, calculan fuentes sindicales.

Reforma de la ley

El borrador de la reforma de la ley de empleo que acaba de pasar por el Consejo Económico y Social abre la posibilidad de que el sector privado participe en la intermediación laboral. Cuando el texto hace referencia a este punto, habla de las acciones de 'los servicios públicos de empleo y otros agentes intermediarios', sin especificar si debe tratarse de entidades sin ánimo de lucro. La única obligación es que respeten el principio de igualdad y no discriminación.

'La participación de entidades privadas introduce elementos de competencia en la línea de lo que ya ocurre en otros países europeos', asegura Pau Hortal, coordinador del programa de AECO. Para la secretaria de Empleo de CC OO, Dolores Liceras, no hay ningún problema en que el Inem colabore con el sector privado. De hecho, los servicios públicos de empleo mantienen acuerdos con distintas entidades colaboradoras y agencias de colocación. Lo que no está tan claro es si empresas que viven de recolocar a desempleados estarían dispuestas a renunciar a los beneficios que les puede arrojar esta colaboración. Los responsables de AECO son optimistas: 'Estamos entrando en una vía en la que será habitual que el Inem contrate los servicios de compañías dedicadas al outplacement, como ya ocurre en el resto de países europeos'.