Cuatro agentes locales de Sevilla, sancionados por el sabotaje

La investigación interna abierta tras el sabotaje de 50 vehículos de la Policía Local de Sevilla el pasado día 21 ha concluido con la recomendación de apartar de sus puestos a los cuatro agentes que vigilaban el parque de la avenida Carlos III, en la isla de La Cartuja, en donde estaban los citados coches y motos. Según aseguró ayer el superintendente de la Policía Local sevillana, Juan José García, ésta no es más que la primera medida a la que seguirá la sanción administrativa correspondiente. Fuentes municipales aseguran que el castigo puede ser muy severo y que incluso podría llegar a los seis meses de suspensión de empleo y sueldo.

El sabotaje de los vehículos de la policía sevillana en plena celebración de la cumbre del Consejo Europeo es un acto que se considera de extrema gravedad tanto en el Ayuntamiento como en ámbitos policiales. Como consecuencia de la inutilización de 26 patrulleros y 24 motos de la Policía Local, los servicios de atención al tráfico que correspondían a los agentes municipales fueron asumidos por integrantes de los grupos especiales de la Guardia Civil. Por el momento, la sanción a estos agentes es por no haber evitado el sabotaje, pero si se llegara a probar que contribuyeron al mismo, ya sea de manera activa o pasiva, a este castigo podría sumarse la imputación de un delito penal.

Rosario de incidentes

El suceso se produjo tras una serie de agrios enfrentamientos entre los sindicatos policiales y las autoridades municipales. Así, un grupo de algo más de un centenar de agentes organizó un botellón frente a la casa de alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín -un hecho también calificado de gravísimo en ámbitos policiales, pues éste es el jefe supremo del cuerpo policial-, y una claxonada ante el domicilio del delegado de Seguridad Ciudadana, José Gallardo. Precisamente estos hechos acabaron quebrando la confianza de las autoridades municipales en el superintendente, que se negó a dar los nombres de los protagonistas de estos actos a los que el alcalde, su superior, quería sancionar.

El Sindicato Profesional de la Policía Local, mayoritario en el cuerpo, se desmarcó rápidamente de cualquier relación con el sabotaje. Ahora todo queda en manos de la investigación de la Guardia Civil, que entregará sus conclusiones al juez encargado del caso.

Por el momento, la vía judicial no ha avanzado mucho. La Fiscalía aún no ha entrado a examinar el caso, por lo que aún nadie se atreve a calificar los hechos, que podrían tratarse de un delito de daños a la propiedad pública o incluso, si se prueba que el sabotaje motivó una alteración sustancial de los operativos de seguridad establecidos alrededor de la cumbre del Consejo Europeo, de sedición. Por ahora, tan sólo estos cuatro agentes están apartados de sus puestos, pero la investigación se prevé larga y de conclusiones impredecibles.