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Editorial:

Inmigrantes sin tutela

El Defensor del Pueblo ha denunciado en los últimos meses graves fallos en la aplicación del rudimentario sistema legal y jurídico previsto en la Ley de Extranjería para la protección de los inmigrantes que entran irregularmente en España. Pero el más grave es el que acaba de denunciar la adjunta primera de esta institución ante el Senado: los jueces de Fuerteventura deciden el internamiento o la expulsión de los inmigrantes llegados a la isla sin oírles y mediente autos preconfeccionados, que motivan la decisión con argumentos estereotipados que lo mismo valen para una persona que para varias. De confirmarse esta denuncia, estaríamos ante una gravísima vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del principio de inmediación judicial por parte de quienes están más obligados a respetarlos: los jueces.

Urge que el Consejo del Poder Judicial investigue la actuación de los tres jueces ejercientes en Fuerteventura. Un portavoz suyo no ha negado de plano que las cosas ocurran como dice el Defensor del Pueblo, aunque endosa la responsabilidad al Gobierno por falta de medios para otorgar la tutela judicial con las garantías exigibles a los cientos de inmigrantes llegados a la isla. Sin duda, la infraestructura judicial de Fuerteventura, como la sanitaria y, en general, la de acogida, se ha quedado pequeña y el Gobierno ha reaccionado tarde y mal. Su pasividad ante la situación de los inmigrantes hacinados en condiciones higiénico-sanitarias lamentables en la antigua terminal del aeropuerto constituyó una muestra de insensibilidad rayana en lo inhumano.

Si en Fuerteventura faltan medios judiciales para atender a los inmigrantes, el Consejo del Poder Judicial debe exigírselos al Gobierno. Es su responsabilidad proporcionarlos. Pero mientras tanto el sistema judicial no puede hacer con los inmigrantes lo que no haría con los nacionales: decidir sobre su situación personal sin oírles al menos, dando por bueno lo dicho o actuado ante la policía durante la detención. Y debería ser más estricto con abogados de oficio más preocupados por acumular minutas que por prestar una asistencia jurídica adecuada a inmigrantes especialmente necesitados de ella.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de junio de 2002