El Gobierno no pidió un informe obligatorio sobre la ley contra la financiación del terrorismo

Las prisas del Gobierno por aprobar el nuevo paquete de medidas antiterroristas, cuya punta de lanza es la Ley de Partidos Políticos, le han llevado a incumplir una obligación legal. El proyecto de ley de prevención y bloqueo de cuentas que financian el terrorismo, que pretende asfixiar económicamente al entorno de ETA, fue aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes sin el informe, preceptivo aunque no vinculante, de la Agencia de Protección de Datos (APD). Dicho informe era obligatorio porque el texto incide en el ámbito de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

Aunque la ley se elaboró al calor de los atentados del 11 de septiembre y de las resoluciones de la ONU sobre bloqueo de cuentas de Al Qaeda, en España puede tener consecuencias de gran calado. El texto considera falta muy grave, castigada con hasta 9.000 euros o el 5% de los recursos propios de la entidad, la conducta de un banco que no informe a las autoridades sobre "cualquier hecho u operación respecto del que existan indicios racionales de que está relacionado con la financiación de actividades terroristas". Esta definición no sólo afecta a movimientos bancarios de bandas terroristas, sino también a operaciones dirigidas a pagar rescates por secuestros o extorsiones como el impuesto revolucionario.