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La Generalitat dará entrada a patronales y sindicatos en el diseño de las políticas de empleo

El servicio de ocupación, aprobado por el Parlament, funcionará con 245 millones de euros

El Servicio Catalán de Empleo (SOC, en sus siglas en catalán), órgano de nueva creación que gestionará las políticas de empleo que se apliquen en Cataluña, obtuvo ayer finalmente la luz verde del Parlament, con la abstención de socialistas e independentistas. Tras años de retraso, la ley aprobada permitirá que, además del Gobierno catalán, participen en el diseño y control de las políticas de ocupación sindicatos, patronales y ayuntamientos. El nuevo SOC estará en pleno funcionamiento el próximo enero y tendrá un presupuesto de 245 millones de euros.

'La agonía de la ley ha sido injustificada', opinó ayer José María Álvarez, secretario general de UGT Cataluña, tras valorar positivamente, igual que CC OO y USOC, la creación del nuevo servicio catalán de empleo.

El consejero de Trabajo, Lluís Franco, no cabía en sí de gozo. 'No, no, felicitémonos todos por la ley y por el buen instrumento que ésta crea para fomentar el empleo y el autoempleo, empezando por sindicatos, patronales y ayuntamientos. Sin olvidar a los grupos políticos, que, desde ICV hasta el PP, han realizado también aportaciones. Incluso las han hecho quienes se han abstenido', explicaba Franco, en alusión a PSC y ERC.

El diputado socialista Josep Maria Rañé había advertido de previamente que el modo de obrar del nuevo servicio de empleo será 'dirigista' y no resolverá 'situaciones inadmisibles' como la mala gestión de los fondos de formación ocupacional.

En la misma línea, Josep Huguet señaló por parte de ERC que no se garantiza suficientemente la 'transparencia y la equidad' en la gestión de los cursos con el fin de evitar 'abusos y corruptelas' en la gestión de los cursos, que, según los datos del Departamento de Trabajo, cuentan con una dotación para este año de 60 millones de euros, incluidos dentro de los 230 millones con que está dotado el Plan de Fomento de Empleo.

Franco rechazó estas críticas 'por coyuntura partidista' con el argumento de que los cursos se reparten por concurso público, se les da publicidad y, a partir de la creación del nuevo SOC, deberá informarse de cualquier acción en este ámbito al órgano de dirección de este servicio.

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Este órgano de dirección estará presidido por el propio Franco y tendrá un director general -para el cargo se perfila el actual director general de Empleo, Andreu Cruanyes-. Además de los seis representantes del Gobierno catalán, tres puestos serán para las patronales Fomento del Trabajo y uno para Pimec-Sefes. Los sindicatos tendrán dos representantes, igual que las dos asociaciones que agrupan a los ayuntamientos.

Conexión con retraso

El Servicio de Empleo, que posibilitó el consenso logrado entre todas las partes hace poco más de un año y que nace con vocación de ser un referente para trabajadores en activo, en paro y también para autónomos, integrará las 73 oficinas de Trabajo de la Generalitat (OTG) y el Servicio Catalán de Colocación.

Lluís Franco aseguró ayer que el nuevo servicio estará por fin conectado informáticamente con sus homólogos de toda España a finales de este año. Ello supone un nuevo retraso en el plan que ha de resolver la descoordinación entre administraciones en materia de empleo, que explica las miles de ofertas laborales en Cataluña desconocidas para el resto de españoles y que quedan sin cubrir.

La ley aprobada ayer prevé la elaboración de un plan general de empleo anual, aunque la Generalitat es partidaria de impulsar un plan marco plurianual que marque las líneas estratégicas a seguir.

Para cualquier empresa y para cualquier persona, en paro o interesada en cambiar de trabajo, el nuevo SOC será una fuente de información sobre políticas de empleo y sobre el estado del mercado laboral y también fuente de orientación 'caso por caso'. Además de gestionar las ofertas de empleo, que en los últimos cuatro años han aumentado de 60.000 a 350.000, integrará cursos de formación, tanto continua como para desempleados.

ICV defendió el nuevo servicio porque, en él, el sindicalismo se siente 'cómodo', mientras que CC OO confió en que su creación evite 'los intentos de recorte competenciales' del PP.

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