¿Todas las personas?

'Quienes agreden e insultan no tienen legitimidad para reivindicar democracia y libertad', declaró Antton Karrera, coordinador de IU de Gipuzkoa, tras la agresión sufrida por Ana Urchueguía, alcaldesa socialista de Lasarte, en la final del Interpueblos de pelota vasca. Días antes, sin embargo, Antton Karrera no tuvo inconveniente en participar en una manifestación en Bilbao que pretendía legitimar para la democracia y la libertad, precisamente, a quienes agreden e insultan: Todos los proyectos, todas las ideas, todas las personas. Magnífico eslogan, digno de Benetton, que obvia una realidad sangrante. Pues sucede que hay proyectos que impiden que puedan estar todas las personas, lo que convierte a ese eslogan en un impracticable sofisma, una de esas trampas que recubren la miseria humana bajo un bello principio, la orquestina que acalla el estruendo de una ejecución. Si hay proyectos que no tienen reparos en justificar, alentar y propiciar el crimen, una de dos: o ellos, o todas las personas; pero es evidente que no podemos defender ambas cosas.

Luego, cuando el proyecto legitimado exhibe sus efectos letales, llega ese lamento lunático de 'quienes agreden o insultan no tienen legitimidad'. ¿Quiénes son, señor Karrera? ¿O cree usted que esos señores no tienen nada que ver con ningún proyecto y que no son sino fruto espontáneo de las condiciones atmosféricas? ¿Por qué, si así fuera, los vincula usted con ninguna reivindicación democrática? Entre el eslogan de su manifestación bilbaina y sus declaraciones últimas, brilla, señor Karrera, el agujero de su ceguera. Usted sólo ve ideas; simples, pero ideas. A quienes es incapaz de ver es a las personas, convertidas en un prejuicio cuando su sufrimiento resulta demasiado palpable. Es lo que ocurre cuando el humanitarismo se convierte en un barniz inconsecuente. Es lo que está ocurriendo en este país: el dolor provoca un sobresalto que tiene más que ver con un reflejo adquirido que con una verdadera conmoción de las conciencias. Un ritual que atenúa el escándalo, pero que borra a la víctima de una realidad para la que no estaba emplazada: no parece formar parte de 'todas las personas'.

A este respecto, ha habido declaraciones aún más escandalosas con motivo de la agresión contra Ana Urchueguía. Por ejemplo, las de la Federación Guipuzcoana de Pelota y las de la Dirección de Deportes de la Diputación de Gipuzkoa, quienes -cito por la prensa- 'lamentan el uso que hizo un sector del público de la final del torneo con el fin de empañar el acto de la final'. Lo que a ambos organismos parece preocuparles es el deterioro del festejo más que la agresión padecida por la alcaldesa, una muestra de insensibilidad que no oculta además el empeño por eludir responsabilidades. En tanto que organizadores del acto, y dado que 'el fin' de la agresión era éste, ambos organismos se convierten en víctimas, desplazando a la persona realmente agredida y camuflando el grado de responsabilidad que pudieran tener en que los acontecimientos se desarrollaran como lo hicieron: por imprevisión, dejación y pasividad. Las explicaciones de condena todavía agravan esta actitud al banalizar un acto gravísimo, trivialización que allana la conciencia de los agresores y facilita la reiteración de actos similares. No me cabe duda de que si nuestras instituciones están realmente implicadas en la defensa de la integridad y la dignidad de los ciudadanos, debieran exigir responsabilidades y actuar en consecuencia.

Porque el fin de lo ocurrido en el frontón Atano III no era otro que agredir, intimidar y estigmatizar a una persona que desempeña un cargo público y está vinculada a una determinada ideología. La agresión fue personal, pues quien la sufrió fue la valerosa Ana Urchueguía, y nadie más que ella. Pero seríamos ciegos si ignoráramos el motivo de la agresión y a quiénes alcanza también su amenaza. La campaña de intimidación a los cargos públicos no nacionalistas no ha cesado y se va a intensificar cara a las próximas elecciones municipales. Cualquier tibieza frente a los agresores por parte de las instituciones y de los partidos supondría un cuestionamiento de su integridad democrática y un fraude contra nuestro sistema político. Sean bien recibidas las medidas de Arkaute, pero éstas no deben eximirnos de la vigilancia diaria y del arrojo, que quizá no sean exigibles a las personas particulares, pero que sí han de serlo para los responsables públicos, cuya tarea no es la de fabular con un universo Benetton, sino la de garantizar la libertad y la participación de todas las personas. Aunque para ello hayan de quitar la pancarta a mitad del partido.