Miró señala que la condena a los sindicalistas de UGT coincide con la de las Cortes

La presidenta de las Cortes Valencianas, Marcela Miró, se mostró ayer satisfecha con la sentencia de la Audiencia Nacional que el pasado martes condenó a pagar sendas multas de 360 euros a nueve sindicalistas de la Federación de Servicios Públicos de UGT que en noviembre de 2000 irrumpieron en un pleno de la Cámara para protestar por la congelación salarial impuesta desde el Gobierno central a los funcionarios. Miró expresó su 'máximo respeto' hacia la sentencia, que no quiso valorar, y destacó la 'coincidencia' del fallo de la Audiencia Nacional con el contenido de la declaración institucional de condena de los hechos aprobada en su día por las Cortes Valencianas, que fue firmada, según recordó la presidenta, por los portavoces de los tres grupos parlamentarios. Y recordó que la condena se debe a que los sindicalistas de UGT cometieron 'un delito de atentado a una alta institución del Estado, como son las Cortes Valencianas'. La presidenta de la Cámara defendió su actuación en este asunto y precisó que no fue ella quien presentó la denuncia que ha dado lugar a esta causa, sino que 'hubo una decisión para que estos hechos no se volvieran a producir en esta Cámara, y lo único que hizo ésta fue trasladar unas diligencias policiales a la fiscalía del TSJ por si entendía que fuera constitutivas de delito'.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Alejandro Font de Mora, aseguró que la Audiencia Nacional 'ha hecho justicia y ha recordado con carácter aleccionador a los sindicatos que no todo es válido, que hacer lo que han hecho es un delito, y por tanto quien comete un delito es un delincuente, por mucho que la condena haya sido menor'. El diputado popular recordó que la ley 'protege fuertemente a los órganos parlamentarios mientras están deliberando', de manera que se concidera delito no sólo interrumpir un pleno sino incluso manifestarse en los alrededores de la Cámara durante la celebración de una sesión plenaria.

'Criminalización'

Mientras tanto, socialistas y Esquerra Unida consideraron que con este asunto se ha intentado 'criminalizar' a los sindicalistas. La diputada socialista Josefa Andrés criticó la 'utilización de las instituciones públicas para uso y abuso por parte del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, mediante el brazo instrumental de la presidenta de la Cortes, Marcela Miró'. Según Andrés, el PP ha intentado 'castigar a los sindicalistas, que simplemente reivindican, poniéndolos a la altura de los narcotraficantes y etarras que estaban siendo juzgados en la sala de al lado'.

Por su lado, Joan Antoni Oltra, diputado de EU, calificó de 'horror político' el asunto y tachó de 'desproporcionada' y 'fruto del nerviosismo' la actuación de la presidenta de la Cámara ante 'un acto de protesta de los sindicalistas, que se limitaron a desplegar una pancarta'. Oltra recordó que los sindicalistas abandonaron la tribuna de invitados del hemiciclo sin provocar 'ningún altercado'.