El Ayuntamiento de Sevilla da vía libre a la expropiación del hospital militar

La Gerencia de Urbanismo de Sevilla entregó ayer al alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín, el documento técnico elaborado por la Oficina de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como borrador de una modificación puntual del plan de 1987 para que el hospital militar Vigil de Quiñones, considerado actualmente como equipamiento sanitario privado (el documento califica de 'error' esa calificación original), pase a tener uso público. El escrito admite la expropiación como último recurso para conseguir que la instalación sea gestionada por el Servicio Andaluz de Salud.

Esta documentación técnica, que fue solicitada a la oficina del plan por el propio Monteseirín hace apenas un mes, debe ser ahora aprobada por el Consejo de Gerencia y, posteriormente, por el pleno municipal. Dado que la única administración pública con competencias en materia de sanidad en Andalucía es la Junta, la modificación puntual de los usos del Vigil de Quiñones obliga a que, bien por acuerdo con el Ministerio de Defensa, bien por el procedimiento de expropiación en un último caso, sea la comunidad autónoma la que adquiera el hospital una vez que Defensa se decida a desafectarlo de usos militares.

Tasado en 6 millones

En caso de falta de acuerdo entre Defensa y la Junta, el propio documento reconoce que sería el Ayuntamiento el que debería ejecutar la expropiación en un plazo máximo de dos años aunque, al colocar a la administración autonómica como beneficiaria de la misma, sería ésta la que se haría cargo de su financiación. La adquisición del edificio queda tasada en 6 millones de euros, la misma cantidad ofrecida por la Junta, aunque se prevé un gasto de otros 21 millones en 'modernización y adecuación'.

La oficina del plan justifica la alteración de usos del Vigil de Quiñones y su paso a la administración autonómica en el déficit de camas que tiene la provincia de Sevilla, especialmente la capital. Además, el Ayuntamiento alega también el abandono por el Ministerio de Defensa del uso hospitalario del inmueble para 'legitimar suficientemente la formulación y aprobación de la modificación, incluida la utilización de la expropiación forzosa, sin que pueda estimarse desde un punto de vista jurídico como válida la simple argumentación por parte del Estado de su afectación formal' a la defensa nacional.

El documento reconoce que el Estado debe elaborar un informe vinculante previo a la alteración de usos de la instalación y, en su caso, su posterior expropiación. Pero la oficina del plan afirma que la administración central 'no puede hacer un uso abusivo' de ese informe 'y deberá justificar convenientemente los motivos' para un hipotético informe desfavorable. Además, recuerda el documento, 'el Tribunal Constitucional recoge que en el ámbito de sus competencias, el Estado debe atender a los puntos de vista de las Comunidades Autónomas'.