Seguridad, libertad, responsabilidad y consenso

Desde la Cataluña dual que representa el mundo de CiU y del PSC, creo que a veces no se es consciente del deterioro del proyecto de seguridad pública que a comienzos de los años ochenta fue preparado por un equipo de especialistas con un marcado carácter de pluralidad y transversalidad. Ahora, en junio de 2002, debido a la actual situación sociopolítica, el tema de la seguridad ciudadana se sitúa peligrosamente en el terreno del enfrentamiento político y electoral. Hay responsables de la situación actual, y ninguna de las tres administraciones está libre de culpa.

Los ayuntamientos, después del gran impulso que recibieron en los años ochenta por parte de socialistas e Iniciativa per Catalunya, languidecieron sin aplicar el modelo de policía de Cataluña, que por definición es la suma de las policías dependientes de nuestras instituciones, es decir, policías locales más Mossos d'Esquadra. Muchos consistorios frenaron el desarrollo de las plantillas de la Policía Local, a la espera de ver lo que pasaba con los Mossos d'Esquadra, y algunos, incluso, creyeron que podrían ahorrárselo.

La Generalitat, después del impulso inicial de estos años, en que se pusieron los cimientos de la policía de Cataluña-Mossos d'Esquadra, continuó con el 'ara no toca' del presidente Pujol, y se perdieron años sin hacer ni una sola promoción de Mossos d'Esquadra, creando una sensación de desasosiego y desmoralización entre los profesionales de la nueva policía.

El Estado, por su parte, guardián de las esencias de la patria, siempre mantuvo una gran desconfianza hacia la policía de Cataluña, y durante años, demasiados, el nefasto y centralista gobernador civil de Barcelona, Ferran Cardenal, intentó dinamitar el modelo policial catalán, ridiculizándolo, poniéndolo sistemáticamente bajo sospecha e infiltrándolo, enfrentando a la policía de Cataluña con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE). Creo que, para clarificar las cosas, el PSC tendría que tener la valentía de hacer una seria autocrítica de aquella etapa y de la manera en que se desvinculó durante años del modelo policial catalán.

Otro de los grandes errores de estos últimos 25 años por parte de las instituciones catalanas es no haber potenciado un acercamiento a los CFSE, que es evidente que han ido evolucionando, desde su pasado franquista. Durante mucho tiempo se han dado cuenta de que se desconfiaba de ellos.

¿Qué razones han llevado a la Generalitat y al propio presidente catalán a ignorar a los profesionales de los CFSE? No sé si fueron razones políticas o los complejos del antifranquismo lo que facilitó que Ferran Cardenal y otros mantuvieran, al margen de la sociedad catalana, el colectivo humano de los CFSE. ¿Qué hubiera pasado si desde la Generalitat se hubiera propiciado un acercamiento a los CFSE y se hubiera pedido a Madrid su regionalización?

En la actualidad, se pretende el trasvase de miembros de los CFSE a la policía catalana, como si éstos estuvieran a rebosar de efectivos. Con esta trasferencia lo que estamos haciendo es impedir que las funciones supracomunitarias que debe seguir realizando en Cataluña la policía y la Guardia Civil las lleven a cabo aquellos pocos miembros de estos cuerpos que sean de origen catalán o que se hayan integrado a nuestra sociedad. O peor aún, ¿es que alguien quiere que los CFSE sigan siempre desarraigados de la realidad de Cataluña?

El problema más importante de nuestra clase política es el desconocimiento de la realidad del elemento humano de los miles de mujeres y hombres que optaron en Cataluña, con ilusión y ganas, a formar parte de la policía. Muchos de ellos nunca hubieran formado parte de los CFSE, porque creían que la creación de una policía nueva al servicio de las instituciones nacionales de Cataluña no era sólo cambiar de lengua o uniforme, sino también un cambio de la percepción que tenía la sociedad sobre la seguridad y la policía, y hoy, desgraciadamente, siguen creyendo que la clase política catalana no se preocupa de ellos.

Un alto mando de la policía catalana me decía: '¿Se es consciente de lo que representa cambiar un modelo policial en 2002?'. Y esto lo decía después de haber leído en la prensa el despliegue de los Mossos en Barcelona y en su área metropolitana. Y se preguntaba: '¿Y el Estado, dónde está? ¿Y sus responsabilidades y competencias? ¿Por qué el Gobierno de la Generalitat no explica quién es el responsable de la situación? ¿Por qué encubre al Gobierno del PP y pretende poner a la policía autonómica bajo las órdenes de la señora García-Valdecasas?'. Y continuamos nuestra conversación: '¿Con qué efectivos? ¿Los sacaremos de Girona o de Lleida, o aprovechando el momento afectivo-social dejaremos las prisiones en manos de empresas privadas para así liberar a 400 o 500 mossos y, de paso, alguien hará un buen negocio?

Creo que todas las fuerzas políticas y elementos sociales deben hacer una profunda autocrítica de la situación a que se ha llegado, incluso aquellas fuerzas como ERC y IC, que muchas veces, en solitario, se han preocupado por el tema.

Para ello creo que deben tomarse las siguientes medidas: aprobación por parte del Parlament de Catalunya de una ley de seguridad pública; consenso de todas las fuerzas políticas para no utilizar la inseguridad ciudadana y el modelo policial con finalidades electorales; una gran campaña de sensibilización para explicar qué es la seguridad ciudadana y quiénes son los responsables de darle solución; nunca deben mezclarse temas como seguridad ciudadana y nueva o vieja inmigración, y, por último, la creación de una comisión de expertos, consensuada, para supervisar el despliegue de la policía de Cataluña, el repliegue de los CFSE y el desarrollo de un modelo de seguridad pública catalana.

Miquel Sellarès es presidente del CEEC (Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya).