Inspecciones escolares
En la sección de Andalucía de EL PAÍS del viernes 17 de mayo aparece publicada una carta al director firmada por Gonzalo Guijarro Puebla en la que rebate la interpretación sobre el fracaso escolar de doña Pilar Ballarín, directora general de Planificación Educativa de la Junta de Andalucía, incluyendo textualmente un fragmento del escrito enviado por la Delegación Provincial de Málaga a los centros de Enseñanza Secundaria para marcar las pautas obligatorias en la evaluación final.
Desde esa fecha hasta hoy, el firmante de la carta, que es profesor de Enseñanza Secundaria en un instituto de Educación Secundaria de Málaga (aunque no hacía constar dicha profesión en su carta), ha recibido dos visitas de distintos inspectores dependientes de la Delegación Provincial de Málaga para 'anunciarle' que se le va a abrir un expediente informativo por la citada carta.
Sin entrar en el contenido de las interpretaciones vertidas sobre el fracaso escolar, que requeriría un más amplio debate, queremos expresar nuestra más profunda indignación por esta actuación de una autoridad educativa, más propia del régimen cuya desaparición celebramos en estos días que del régimen democrático que consagra en el artículo 20 de su Constitución el derecho a la libertad de expresión.
Esta situación nos plantea una serie de interrogantes:
1. ¿Es que en las delegaciones provinciales existen archivos de personal para 'detectar' qué ciudadanos dependen laboralmente de este organismo para posteriormente 'amedrentarlo' por haber disentido de la interpretación oficial?
2. ¿Es este el debate abierto a que nos invitan las autoridades educativas para avanzar en un sistema de enseñanza más abierto, más crítico y más plural?
3. ¿La función de la inspección educativa, que pagamos los ciudadanos con nuestro impuestos, es la de realizar autos de fe a los herejes que se alejan de la ortodoxa interpretación oficial?
4. ¿Cuál es el motivo de apertura del expediente: disentir de la señora directora general, utilizar un lenguaje políticamente incorrecto, citar en su carta un documento de carácter público...?
Solicitamos que por parte de la señora consejera se abra una investigación para exigir responsabilidades a quien haya dado la orden de abrir este proceso inquisitorial.
