Policías de Sanlúcar comerciaban con 'narcos'

Un 10% de los policías de la comisaría de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) han sido imputados por diversos delitos por el juez Miguel Ángel López Marchena, de El Puerto de Santa María, como consecuencia de la Operación Manzanilla, abierta el pasado 25 de mayo. En el auto, el juez reprocha la 'ausencia de investigación' de los policías y sus relaciones comerciales con narcotraficantes. Respecto a Sanlúcar, el juez muestra su preocupación por una ciudad 'donde el narcotráfico está arraigado profundamente y los signos externos derivados de los mismos son escandalosos'.

Hasta el momento, dos policías de la escala ejecutiva (el propio comisario, Luis Castillo, y el secretario, Juan Escobar) y cinco de la escala básica han sido imputados. Fuentes de la investigación no descartan nuevas imputaciones de policías. De las siete piezas separadas de que consta el sumario, se deducen hasta el momento 140 imputados y la desarticulación de al menos 14 redes de narcotraficantes.

El juez dibuja en su auto aspectos que permiten interpretar cómo en Sanlúcar de Barrameda el narcotráfico ha disfrutado de una convivencia cómoda y subraya que la corrupción ha alcanzado a instituciones de la localidad. Uno de los aspectos más insólitos de la investigación se refiere no sólo a la falta de interés de determinados policías por llevar adelante actuaciones contra el narcotráfico sino a la evidencia de relaciones comerciales entre agentes y narcos de la ciudad, como el Cagalera y el Coquina de Oro. Un policía imputado llevaba un concesionario de automóviles, actividad en la que mantuvo relaciones con algunos capos, que le compraron coches. En una conversación intervenida a dos traficantes, uno le pregunta al otro por un aviso recibido, a lo que responde que no ha sido 'el policía vendedor de coches'. También relata el juez cómo algunos agentes protegían para los narcotraficantes una nave de flores en cuyo interior se producían actividades ilícitas, a pesar de existir un requerimiento respeto de esa instalación procedente de la policía italiana.

La investigación está pendiente de la información patrimonial sobre los imputados, habituados a un alto ritmo de vida. Sólo a uno de los narcos, un personaje que llevaba una gran actividad de compraventa de invernaderos, tierras e inmuebles, se le han encontrado 450.000 euros en dinero ingresado en sucursales bancarias. En algunas actuaciones ha intervenido también el juez Ramón Toubas, del número 3 de Sanlúcar. Tras dos años de pesquisas, donde ha sido determinante la información de un narco arrepentido, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía se ha visto obligada a una delicada investigación, 'donde no ha sido fácil pinchar teléfonos de la comisaría y donde se ha tenido que proceder a una rotación de agentes para no levantar sospechas', según las fuentes consultadas.

El diario Cádiz Información destapaba el miércoles algunos de los aspectos que vinculaban a los policías con los narcos. En los registros practicados a los policías imputados se les encontró droga en los cajones. 'La situación', según el auto del juez que cita el periódico, 'evidencia una ausencia de control en las escasas aprehensiones que se producen, su nula regularización y documentación, y contradice al comisario, en el sentido de que el encargado de la custodia de la droga era él'. Dichas actuaciones las califica el juez de 'irregulares' y 'peligrosas'. Se refiere también a 'actuaciones aisladas en las que, valiéndose de narcos a los que se les ofrece la recompensa de la impunidad, se produce la detención del destinatario de la droga dejando al narco suministrador sin detener y campando a sus anchas'. El juez agrega que en los últimos cinco años 'las investigaciones abiertas por la comisaría han sido nulas', 'aisladas' o 'han provenido de requerimientos externos de otras plantillas'.

La imputación de los policías produjo una doble reacción. Por un lado, dos de los imputados, el comisario y el secretario, presentaron su dimisión alegando 'falta de apoyo e interés por parte de la Dirección General de la Policía'. Por otro lado, el Sindicato Unificado de Policía y la Unión federal de Policía difundieron un comunicado en el que argumentan que la imputación de los funcionarios 'carece de todo sentido' y describen un panorama de falta de personal y de medios en Sanlúcar.

'Sabemos que con el narcotráfico hay varias fases', comentó a este periódico Willy Meyer, responsable federal de Interior de Izquierda Unida: 'En una primera fase, el narcotraficante forma parte del paisanaje de una localidad sin reacción social en contra. Luego, hay una segunda fase en la que se generaliza la corrupción y una criminalización de la sociedad. En Sanlúcar, estamos comprobando que hemos llegado a esa segunda fase'.