El presidente advierte de la 'obligación legal' de cumplir los servicios mínimos

El presidente del Gobierno español, José María Aznar, advirtió ayer desde Copenhague (Dinamarca) de que 'es algo muy serio' el aviso de los sindicatos de que no respetarán los servicios mínimos impuestos por el Ejecutivo, porque se trata de 'una obligación legal y constitucional'. 'Afirmar que no se van a cumplir los servicios mínimos significa decir que uno no está dispuesto a cumplir con la legalidad, lo cual es, sin duda, algo muy serio', dijo.

'La ley no puede estar al albur de que a uno le apetezca o no le apetezca cumplirla y es necesario respetar la ley, las normas y los preceptos establecidos en nuestra propia legislación', agregó el presidente, quien indicó que 'es una obligación elemental y de sentido común que espero que nadie olvide'.

Insistió el jefe del Ejecutivo español en que 'no respetar los servicios mínimos establecidos legalmente supondría tanto como ignorar o despreciar el derecho que tienen todos los españoles al trabajo y a la normalidad'. Además, declaró que 'si esos servicios mínimos son los mismos que se fijaron en 1994 [en la huelga general del 14-D] y entonces se aceptaron, alguien tendría que explicar razonablemente por qué en el año 1994 son aceptables y en el año 2002 no son aceptables'.

'En mi opinión, cada día que pasa es menos explicable esta actitud y esta convocatoria, hay actitudes como la de avisar del incumplimiento de una obligación legal que supone todavía una mayor injustificación a estas actitudes y a estas decisiones', subrayó.

También el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, arremetió contra los sindicatos por anunciar que no respetarán los servicios esenciales aprobados de manera unilateral por el Ejecutivo. Incumplir esos mínimos 'supone una presión ilegítima sobre el conjunto de la sociedad', en opinión de Rato. En declaraciones realizadas en el Congreso de los Diputados, el vicepresidente confió en que los sindicatos 'cumplan con sus obligaciones legales'. 'Estamos ante una situación en la que cada uno tiene que responder del cumplimiento de las leyes', dijo Rato, quien añadió que los sindicatos han convocado una huelga general y que 'como es natural', el Gobierno 'tiene la obligación de garantizar que los consumidores y trabajadores tengan a su disposición los servicios esenciales'.

Asimismo el portavoz del Ejecutivo, Pío Cabanillas, en una entrevista con Efe, hizo un nuevo llamamiento a los sindicatos para que cumplan los servicios mínimos y les advirtió de que si no lo hacen cometerán una 'muy grave irresponsabilidad' y 'deslegitimarán' su derecho a la huelga.

Ignorancia o mala fe

A juicio del Gobierno, esta negativa de las centrales sindicales 'demuestra un enorme desinterés por las necesidades reales de los ciudadanos, va contra los principios de convivencia y el derecho al trabajo, y demuestra una ignorancia o mala fe evidente por las reglas del juego'. 'Las reglas del juego son muy claras: a falta de acuerdo previo, los servicios mínimos se establecen por la autoridad pública, son de obligatorio cumplimiento y hay una tutela judicial, y por tanto incumplirlos es una grave responsabilidad en perjuicio de los ciudadanos y deslegitima su derecho a la huelga', subrayó el ministro.

Sobre las medidas que adoptará el Ejecutivo para garantizar los servicios esenciales, Cabanillas explicó: 'Si no se permite el funcionamiento de esos servicios mínimos a través de la coacción o la violencia, estamos hablando de actuaciones relativas a las Fuerzas de Seguridad del Estado, porque hay que hacer posible que los trabajadores que quieran puedan trabajar'. 'En cualquier caso, los servicios esenciales estarán garantizados por parte del Gobierno', insistió.