Economía obligará a lanzar una OPA si se toma el control de una sociedad

El ministro de Economía, Rodrigo Rato, esbozó ayer en la Comisión de Economía del Congreso las grandes líneas en las que se está trabajando para modificar la actual legislación sobre ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA). Economía estudia una rebaja del porcentaje establecido, que obliga al comprador de un paquete de acciones a lanzar una oferta pública, actualmente situado en el 25%.

Pero no sólo los porcentajes son objeto de estudio. Rato apuntó que cuando se tome el control de la sociedad, los compradores también estarán obligados a lanzar una oferta, aunque no alcacen ese porcentaje. Una propuesta que intenta evitar situaciones como las vividas recientemente en compras de paquetes accionariales en constuctoras e inmobiliarias que no favorecieron a los pequeños inversores, pese a las fuertes primas pagadas por los compradores a los bancos propietarios de estos títulos.

Rato señaló varios aspectos objetivos que obligarán al comprador a lanzar una OPA -independientemente del porcentaje de capital adquirido-, como en el caso de que el comprador varíe la composición del consejo de administración. También si la prima pagada por el comprador supera un cierto porcentaje en relación al precio de cotización, se vería forzado a extender la oferta a un mayor número de accionistas.

El ministro de Economía señaló también que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está colaborando en el proyecto, analizando fórmulas más respetuosas con los derechos de los accionistas minoritarios, como puede ser la delegación del voto en las juntas generales de accionistas.

Anunció también que antes del mes de agosto se creará una comisión especial de carácter técnico que estudie los criterios de actuación a los que deben someterse los analistas de acciones, consultores y todos aquellos profesionales que presten servicios de asesoramiento a las empresas cotizadas en Bolsa. Se pretende aumentar la transparencia y seguridad en los mercados financieros, habida cuenta del importante peso de las familias en la propiedad de los activos financieros, que en el año 2001 superó los 253.000 millones de euros. Unas medidas que buscan evitar escándalos como el reciente de la compañía eléctrica estadounidense Enron.