Técnicos del Segura se escudan en la prisa judicial para no declarar
La Confederación argumenta que carecen de tiempo para estudiar los expedientes
La reiterada negativa de todos los altos cargos de la Confederación Hidrográfica a declarar en la investigación judicial sobre la contaminación del río Segura se debe a la falta de tiempo para examinar los expedientes que obran en el auto. Con este argumento el actual comisario de Aguas, José Alemán, justificó el método 'silencioso' que están adoptando en las sucesivas comparecencias en el caso.
Alemán ha matizado que apenas disponen de unos días para revisar los casi treinta expedientes de vertidos por los que se les acusa de eludir su labor de inspección y de control. La insistencia que a lo largo de estas semanas han demostrado los responsables de la Confederación por acogerse a su derecho constitucional de no declarar en la investigación judical ha suscitado los recelos de las plataformas ecologistas.
El presidente de la Confederación, Juan Cánovas, y el comisario de Aguas, José Alemán, fueron los primeros en negarse a responder a las 35 preguntas que les formuló la juez. Idéntica postura mantuvo durante su comparecencia el ahora subdirector de Planificación Hidrológica del Ministerio de Medio Ambiente, Francisco Cabezas. Los otros tres ex dirigentes que han sido imputados por la juez pidieron un aplazamiento que fue interpretado por la acusación particular como una nueva fórmula dilatoria. El comisario de Aguas, José Alemán, aclara, sin embargo, que esta actitud no responde 'a una estrategia'. 'Es simplemente una consecuencia del retraso con que nos envían la citación', afirma. Según Alemán, la magistrada que instruye el caso envía un exhorto a los juzgados de Murcia, quienes a su vez remiten la notificación a la sede de la Confederación. Al seguir este trámite la demora aumenta, y la citación se recibe 'dos o tres días antes' de que tengan que presentarse en los juzgados. 'Y no podemos revisar más de veinte expedientes', agrega.
El comisario de Aguas señala que el intento de trasladar el caso a los juzgados de Murcia no se debe a que consideren a estos magistrados más laxos o benévolos, como apuntó la acusación, sino a una razón de orden territorial. 'Si la presunta omisión en nuestras funciones se produjo en Murcia', subraya José Alemán, 'entendemos que debería de ser la justicia de Murcia quien resolviera'.
La Comisión Pro-Río ha restado credibilidad a las declaraciones de Alemán, y recuerda que 'todos esos expedientes fueron autorizados por ellos y los deberían conocer a la perfección', según afirma el portavoz de la organización, José Antonio Muñoz Grau.
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