33 víctimas de Hipercor siguen sin cobrar indemnización al cumplirse 15 años del atentado

Aquel fue un viernes negro. Una inmensa nube de humo salía del interior de Hipercor -en el barcelonés barrio de Sant Andreu- cuando pasaba un cuarto de hora escaso de las cuatro de la tarde. Era el 19 de junio de 1987. Una bomba colocada por ETA segó la vida de 21 personas e hirió a otras 45. Hoy, 15 años después del atentado terrorista, 33 víctimas o familiares de fallecidos o heridos siguen enredados en la maraña judicial de una Administración que les niega una indemnización. Así lo denunció ayer la Asociación Víctimas del Terrorismo.

La emoción se reflejaba ayer, 15 años después de aquel terrible viernes negro, en los rostros de muchos de los asistentes a la conferencia de prensa de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). Emoción, pero también indignación. Cierto es que 13 familiares o víctimas de aquel brutal atentado han percibido indemnización, largamente regateada por el Estado, aseguran los afectados. Pero 33 están a la espera. Ellos recurrieron más tarde, en marzo de 1996. 'Tuvimos serias dificultades para conectarnos todos, porque ninguna institución nos facilitó la relación de afectados; por eso se presentaron los recursos de forma tan desordenada', aseguró ayer Roberto Manrique, delegado en Cataluña de la Asociación Víctimas del Terrorismo. La Administración, a juicio de la AVT, no sólo entorpeció la coordinación entre los afectados, sino que no se ha preocupado por ellos. Ni una llamada, ni una muestra de preocupación por parte de las instituciones públicas. 'Es triste ver que muchas personas de la clase política que estaban detrás de la pancarta después del atentado de Hipercor, en los 15 años que han transcurrido desde entonces, jamás se han dignado contactar con las víctimas y preguntarnos cómo estamos', subrayó Manrique. No escapó nadie a las críticas, que el delegado catalán de la AVT hizo extensivas a la Iglesia catalana y la vasca, a los gobiernos vasco y catalán y al Ayuntamiento de Barcelona.

Tanto descontento se pone de relieve en la encuesta realizada por la AVT que fue presentada ayer. El 98,2% de los consultados aseguró no haber recibido llamada alguna de la Administración. Sólo Simone Weil, cuando ocupaba la presidencia del Parlamento Europeo, se dirigió a alguno de los afectados. El 70,9% no ha tenido ninguna llamada interesándose por él de parte de Hipercor-El Corte Inglés. Por todo ello es fácil deducir que el 47,3% de los consultados considere 'nefasto' el trato de las administraciones, que deben actuar como responsables civiles subsidiarias al declararse insolventes los terroristas.

Josefa Mercedes Ernaga Esnoz, Domingo Troitiño y Rafael Caride Simón, miembros entonces del comando Barcelona de ETA, fueron los autores del atentado. Los dos primeros fueron detenidos el 5 de septiembre de 1987 en la operación policial que desarticuló este comando y condenados a más de 1.500 años de prisión. Por su parte, Rafael Caride escapó a la detención y huyó a Francia. No fue entregado a España hasta el 7 de marzo de 2000 y, desde entonces, permanece en la cárcel con varias condenas, aunque todavía no ha sido juzgado por el caso Hipercor. Troitiño y Ernaga fueron condenados en 1989 a 794 años de prisión cada uno de ellos y a indemnizar con más de 1.000 millones de pesetas a los herederos de las personas que fallecieron y a las que resultaron heridas, así como por los daños materiales que produjeron. De esos 1.000 millones de pesetas, casi 320 millones están condenados a pagarlos a los almacenes y a 114 personas a las que produjeron daños materiales por la explosión del coche bomba.