Revocado el auto que obligaba a mejorar un centro de menores

La Audiencia de Alicante ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la Consejería de Bienestar Social contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Alicante que, a petición del fiscal, obligaba a la Administración a corregir su gestión en el centro de menores de L'Alacantí, en cuatro meses. El auto califica la actuación del fiscal de 'injerencia' en las funciones propias de la Administración.

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Alicante dictó en diciembre de 2001 un auto que obligaba a la Consejería de Bienestar Social a subsanar una serie de irregularidades en su gestión en el centro de recepción de menores de L'Alacantí, y obligaba a suplir la carencia de medios materiales, observadas por el fiscal de menores.

A petición del ministerio público, el juzgado obligó a la Administración a redistribuir, en un plazo máximo de cuatro meses, a los menores internados en el centro, habilitando recursos diferenciados para los niños menores de 13 años y para los que sobrepasan dicha edad. Exigía además que, dentro de los mismos, se distribuyeran aquéllos con problemas de conducta y los que no, así como a los menores extranjeros sin arraigo.

Contra dicho auto, el departamento de Rafael Blasco interpuso un recurso de apelación. La Audiencia de Alicante revoca ahora el citado auto y deja sin efecto las medidas adoptadas por el juez a petición del ministerio público.

Por otro lado, el fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, estimó ayer que el volumen total de trabajo del ministerio público en materia de menores aumentará entre un 20 y un 25% con respecto al pasado año.

Así lo corroboran los datos recabados hasta la fecha, que arrojan una tendencia al alza, entre otras razones, porque la jurisdicción de menores ha asumido los casos de menores de entre 16 y 18 años. Según las cifras aportadas por el fiscal jefe, el número de diligencias preliminares abiertas desde el pasado enero hasta el 29 de abril de 2002 alcanzó la cifra de 1.695, dato que supera en 232 el registrado durante el mismo período del pasado año.

El cómputo de expedientes abiertos a menores fue de 481 en los cuatro primeros meses de 2001, una cifra que alcanzó los 525 el pasado abril. Respecto a los expedientes de protección dictados por el fiscal, 172 se abrieron en 2001 frente a los 241 de este año. Romero anunció la incorporación de dos funcionarios de refuerzo en julio. Esta incorporación no cubre ni de lejos la petición de 15 funcionarios más para hacer frente el creciente volumen de trabajo.