Ante las agresiones del Gobierno, huelga general

Desgraciadamente, sí que hay razones de peso para convocar una huelga general. Las agresiones del descentrado gobierno del Partido Popular, su insistencia a la hora de despreciar el diálogo social y su enésimo atropello a los derechos de los más débiles merecen una respuesta mayúscula a la convocatoria hecha por la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.

Por mucho que se emperre José María Aznar, los sindicatos no dañamos la imagen de España, sino que es él y su gabinete quien se empeña en martillear los cimientos del Estado del Bienestar. Si no existe ningún desbordamiento de los gastos destinados a prestaciones o subsidios para los desempleados, por qué el Gobierno quiere arrebatar a los trabajadores una forma de salario diferido al que cotizan y tienen derecho. Por qué aprueba un catálogo de castigos para los desempleados cuando España tiene el dudoso honor de ser uno de los países de Europa con un menor nivel de cobertura, con un 54% de los desempleados sin ningún tipo de prestación. En definitiva, por qué abarata el despido en lugar de potenciar el empleo estable.

La alevosa aprobación del decreto de 'medidas urgentes del sistema de protección de desempleo y mejora de la ocupabilidad' es inadmisible y, por ello, la Unión General de Trabajadores exigimos la derogación de unas medidas que son sinónimo de recortes y supresión de derechos sociales, laborales y económicos de los trabajadores y trabajadoras. Despidos más baratos y más fáciles será el resultado de la eliminación de los denominados salarios de tramitación.

El paquete de medidas impuesto por el Ejecutivo no se corresponde con la naturaleza ni con las necesidades de nuestro mercado de trabajo y profundiza en la injusticia de la falta de protección. Ante esta flagrante expropiación de derechos de los trabajadores, UGT y CC OO acordamos convocar una huelga general que nuestros gobernantes se podrían haber ahorrado si hubieran tomado el camino del diálogo en lugar de profundizar en la sombría senda de la prepotencia y la imposición.

En un doble ejercicio de provocación, el Ejecutivo del PP esgrime que celebrar una huelga general el 20 de junio -un día antes de la cumbre de Sevilla- deteriora el prestigio de España, al tiempo que acomete una reforma laboral que nos alejará un poco más de la Unión Europea que actualmente preside. La huelga es un derecho constitucional para expresar el rechazo a cualquier tipo de injusticia y esta reforma, aprobada maliciosamente y burlando el diálogo social, es una injusticia y un insulto para los trabajadores y trabajadoras que verán recortados gravemente sus derechos.

Los llamamientos realizados por la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras para abrir un verdadero proceso de negociación encontraron como respuesta la actitud altiva de un Gobierno que, poco a poco, se ha quitado la careta y nos ha mostrado su cara más rancia y gris. El gobierno del PP se ha facultado para castigar a los obreros e incluso aspira a decidir el día y la hora en que nos tenemos que movilizar. Hasta ahí podíamos llegar.

Las vergüenzas políticas del Partido Popular han quedado al descubierto y la huelga general del 20-J está más que justificada. Con la reforma aprobada, el Gobierno apuesta por un modelo de crecimiento económico que nos aleja en términos económicos y sociales de la convergencia con la Unión Europea, nos encamina hacia la periferia, a lo marginal y no a lo esencial, a mirar al pasado y no al futuro.

Con la huelga general del próximo 20 de junio expresaremos nuestra más firme oposición a un Gobierno prepotente y demagógico que etiqueta como 'defraudadores' a los trabajadores sin empleo, y reclamaremos la mejora de la protección por desempleo y la adopción de medidas que nos permitan avanzar hacia el pleno empleo. Desde el pasado 27 de mayo, día en que entró en vigor el Real Decreto Ley, 13 millones de asalariados y más de dos millones de desempleados han visto recortados sus derechos y ahora es el momento de poner freno a una carrera de agresiones injustificadas a los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Rafael Recuenco Montero es secretario general de la UGT del País Valenciano.