Conflicto en la televisión pública portuguesa por el nombramiento de directivos

El ministro de la Presidencia de Portugal, Nuno Morais Sarmento, garantizó ayer que el nuevo consejo de administración de la televisión pública (RTP) entrará en funciones en breve, pero sin precisar la fórmula que utilizará el Gobierno para ese fin. Un día antes, el Tribunal Constitucional (TC) emitió un dictamen negativo sobre la polémica ley aprobada a finales de mayo, que retiró al Consejo de Opinión (órgano consultivo) de la RTP el poder vinculante de sus decisiones acerca de los nuevos administradores nombrados por el Gobierno.

Al vetar el órgano consultivo el consejo de administración designado por el Gobierno se abrió una crisis sobre el futuro de la televisión pública, y el Ejecutivo de centro-derecha elaboró una nueva ley en el Parlamento para retirarle esas atribuciones.

Por su parte, el primer ministro de Portugal, José Manuel Durão Barroso, declaró que 'el Gobierno no se apartará ni un milímetro de su orientación en lo que se refiere a la RTP'. Señaló que todavía no ha leído el dictamen del TC, pero que el Gobierno presentará una solución que salvaguarde 'un servicio público de calidad, independiente, transparente y que no sea un fardo para los contribuyentes'.

El parecer del TC señala que al retirar competencias al Consejo de Opinión de la RTP se debía crear 'un mecanismo estructural' para garantizar la independencia de la televisión pública del poder político, en particular en lo que se refiere a los nombramientos de los directores de programación y de información. El Consejo de Opinión era partidario de que los directivos del medio público fueran designados por el Parlamento.

Ayer se conoció un documento aprobado por aquel organismo que fija el pasivo de la RTP en 615 millones de euros, achacable a la falta de 'una financiación estable' por parte del Gobierno. El documento también critica duramente la programación, lo que determinó una caída en las audiencias de la televisión pública. El Partido Socialista (principal fuerza de la oposición) ofreció 'un pacto' al Ejecutivo para buscar una solución a la crisis de la televisión pública.