Un juez declara nula la subvención de 360.000 euros del Ayuntamiento de La Vila para obras en el polígono

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante ha declarado nula una subvección del 90% -unos 360.000 euros- a unas obras para construir un nuevo acceso al polígono industrial de la localidad, en la zona de frigoríficos. El fallo del juez se produce a raíz de un recurso presentado por el grupo municipal socialista e Iniciativa Independiente contra el acuerdo del Ayuntamiento, presidido por José Miguel Llorca, del PP.

La sentencia del juzgado, dictado el pasado 20 de abril, ha sido acogida con satisfacción por los recurrentes. El grupo municipal del PSPV presentó el recurso por considerar que las obras subvencionadas son privadas. 'La Diputación de Alicante rehusó subvencionar las obras a petición del equipo de gobierno, al entender que se beneficiaba a particulares y no se trataba de terrenos públicos y de interés público', recoge una nota oficial del PSPV emitida ayer. 'Con este auto el grupo socialista se siente satisfecho al entender que se pretendía beneficiar los intereses particulares de lo que se viene conociendo como la triple A (Asociación de Amigos del Alcalde), en contra de los intereses generales, pretendiendo que desde las arcas municipales se sufragaran 54.531.256 pesetas -unos 360.000 euros- que suponían el 90% de las obras de urbanización', añade la nota.

Para Salvador Marcet, portavoz del PSPV, los principales beneficiados por la subvención para las obras del vial 'son los empresarios Miguel Orts y Andrés Llinares, ambos afines al PP'. El primero es accionista de la empresa Acalche, radicada en la zona, y el segundo posee varios terrenos y naves en la mismas área del polígono. 'Llinares, además, es el urbanizador del plan parcial Gasparot, a cuyos pequeños propietarios de parcelas y edificaciones no se les quiso considerar la posilidad de retrasar el pago de los costes de urbanización y mucho menos conceder subveciónes', señaló Marcet. 'Y ahora a este urbanizador se le estaba subvencionado en la zona frigoríficos'.

El PSPV sostiene que la subvención suponía un agravio comparativo para el resto de empresarios radicados en la zona, a escasos metros del polígono industrial, 'que tuvieron que satisfacer el 100% de los costes de urbanización'.

José Miguel Llorca expresó su extrañeza ante la resolución judicial. 'Oficialmente, el juzgado todavía no nos ha notificado nada', dijo. 'No obstante, me parece una animalada que un tribunal diga a un Ayuntamiento lo que tiene que subvencionar'. El alcalde defendió la legalidad de la subvención. 'Se trata de la urbanización de un vial, un acceso al polígono industrial, la primera iniciativa que se hace en la zona en los últimos 20 anos', argumentó. El primer edil destacó que se trata de una operación habitual: 'Los propietarios ceden los terrenos y, a cambio, el Ayuntamiento urbaniza'.