Canarias no quiere cárcel

Un municipio de apenas 14.200 habitantes situado a unos 20 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria podría albergar una nueva cárcel para 1.300 internos, la única que aún no se ha construido de un total de 15 aprobadas por el Gobierno estatal en 1993. Canarias necesita esta nueva prisión para salir del atolladero, porque los centros de las islas están atestados y superan lo que los técnicos conocen como capacidad operativa, con el 70% de las celdas al doble de ocupación. El rechazo de municipios grancanarios como Telde, Agüimes o San Bartolomé de Tirajana a que en sus terrenos se ubique la prisión proyectada desde 1993 ha demorado la construcción del centro penitenciario y ha obligado al traslado de más de 300 internos a la Península.

Ahora, el alcalde de Santa María de Guía (al norte de la isla), Fernando Bañolas, acaba de ofrecer a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (concretamente a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciario) los 300.000 metros cuadrados necesarios para albergar la nueva prisión de Gran Canaria (1.008 celdas, más las complementarias de aislamiento y enfermería, distribuidas en 14 módulos). El alcalde también está dispuesto a convencer a sus vecinos de 'los enormes beneficios' que supondría contar con esta inversión de 60 millones de euros y de sus positivas repercusiones en el empleo directo para su municipio y las poblaciones cercanas de Gáldar, Agaete y Arucas. 'Se trata', asegura Bañolas, de Coalición Canaria, 'de una infraestructura básica para la isla, por la que deberíamos estar ávidos y, sin embargo, nadie quiere saber nada por falta de información'.

A día de hoy, en las islas están registrados 2.854 presos: 1.323 en Salto del Negro (Las Palmas de Gran Canaria), recinto diseñada sólo para 736 plazas; 1.301 en Tenerife II, 63 en Santa Cruz de La Palma y 167 en Arrecife (Lanzarote). Sólo ésta última se ha visto desbordada por efecto directo de la inmigración que llega en pateras desde África. En poco tiempo, aquí han sido internados más de 80 patrones de estas embarcaciones pendientes de juicio en los que se pedirán unas penas que pueden oscilar entre los dos y los cinco años. De los 300 trasladados a la Península, al menos 100 son naturales de las islas, lo que supone un importante perjuicio económico a los familiares que quieran visitarlos.

'Si muchos han caído a la fiebre de las inversiones de las grandes superficies', manifiesta el alcalde de Guía, '¿por qué no hacerlo con una prisión que generará empleo en el municipio, recibirá suministros de materiales nuestros y de todo de lo que aquí producimos?'. Eso, sin minusvalorar las nuevas infraestructuras viarias y los más de tres millones de euros que ingresarían las arcas públicas por la licencia de obras.

Bañolas entiende que el rechazo que ha generado la prisión en la isla sólo puede deberse a dos razones: bien los alcaldes rechazantes 'no han entendido el proyecto' bien sufren lo que denomina como 'mieditis electoral' por 'no saber o no querer' explicarlo. Al tiempo, añade que no hará nada 'sin consultar con los vecinos', a cuyos representantes propondrá 'visitar otros centros similares de la Península y hablar con los alcaldes de los municipios donde están ubicadas'.

El político grancanario descarta que el Ministerio del Interior decida expropiar terrenos en cualquier otro municipio de la isla donde el proyecto se haya rechazado con anterioridad, una opinión compartida por Instituciones Penitenciarias. Reconoce, no obstante, que los 300.000 metros cuadrados ofrecidos, sitos en una zona montañosa, 'necesitarán varios desmontes' antes de iniciar su construcción para que las pendientes de una zona rodeada de barrancos y cumbres 'no superen una pendiente del 3%'.