El PP financiará una campaña de publicidad a favor del 'decretazo'

El Partido Popular va a financiar una campaña publicitaria para defender 'las medidas positivas que plantea la reforma del desempleo'. La campaña comenzará la próxima semana y, según su secretario general, Javier Arenas, aún no tiene coste estimado. Arenas aseguró ayer que el PP está 'abierto' a celebrar debates públicos para defender las bondades del decretazo, aseguró que el Gobierno quiere 'negociar hasta la extenuación' con los sindicatos, y culpó de la huelga al PSOE y a su líder, José Luis Rodríguez Zapatero.

Jesús Caldera, portavoz parlamentario del PSOE, replicó a Arenas que su partido estaría 'encantado' de participar en debates televisivos 'para que los españoles puedan conocer las razones del Gobierno, de la oposición y de los sindicatos'. Pero apostilló que 'no habrá ocasión' pues, en la práctica, el PP 'no demuestra' la predisposición al diálogo que preconizan sus portavoces. Según Caldera, en esos debates quedaría demostrado que el decretazo supone 'el mayor recorte de derechos sociales en España en los últimos 25 años' con el objetivo 'de ahorrar cientos de miles de millones de pesetas'.

Sin embargo, el secretario general del PP no sólo aseguró que su partido y el Gobierno están 'abiertos' a cualquier debate público con los sindicatos, sino que éstos saben que 'tienen permanentemente una oferta de diálogo encima de la mesa', y que es voluntad del Gobierno negociar 'hasta la extenuación' con las centrales 'antes y después del 20 de junio'. Arenas añadió que esa oferta 'no es retórica', aunque UGT y CC OO deben 'entender' que 'no es posible un acuerdo' si se exigen al Gobierno la 'renuncia plena a sus posiciones', es decir, la retirada del decreto-ley. Eso sí, Arenas culpó al PSOE de 'estar convocando como propia la huelga el día antes de la cumbre de Sevilla', lo que es 'poco o nada responsable'.

Los líderes de las dos centrales mayoritarias respondieron a Arenas desde Santander. José María Fidalgo, en nombre de Comisiones, dijo que 'el Gobierno tiene la posibilidad de desconvocar el paro hasta el mismo día 19', informa Jesús Delgado. Sólo hace falta, añadió, que retire el decretazo y se siente a negociar. En opinión de Fidalgo, 'para España es muy malo tener un presidente del Gobierno que enseña una cara descompuesta y muestra modales tan agrios'. El líder de UGT, Cándido Méndez, añadió que el presidente 'ha cometido un error de cálculo gravísimo al creer que aprobando la reforma por decreto podría disuadir a la ciudadanía de secundar el paro'. A su juicio, 'ha conseguido el efecto contrario porque ahora se puede contemplar su verdadero rostro: no un Aznar dialogante, sino crispado y autoritario'.

El PP y el Gobierno reiteraron que la vía de aprobación de la reforma -por decreto-ley un día después de la convocatoria de huelga para el 20 de junio- no implica ninguna respuesta autoritaria sino que es lo 'habitual' en este tipo de medidas. Así, tanto Arenas como el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, dudaron que CiU mantenga el próximo día 13 su anunciada abstención en la convalidación parlamentaria del decreto-ley. 'No me puedo imaginar a CiU apoyando una huelga, es más, me la imagino claramente en contra', aseguró Piqué.

Izquierda Unida, mientras, incrementa cada día su implicación en el 20-J. Además de convocar hasta 300 actos explicativos en toda España, la coalición va a a pedir permiso a las centrales para que sus dirigentes participen en los piquetes informativos el día del paro general, informa Carlos E. Cué. Así lo anunció ayer Felipe Alcaraz tras una reunión en Sevilla de los parlamentarios de IU. El líder de la coalición, Gaspar Llamazares, sostuvo que en este momento el 50% de los trabajadores están ya dispuestos a hacer huelga y que ese apoyo irá aumentando.

De cara a la organización del 20-J, las federaciones de Transportes de UGT y CC OO presentarán hoy al Gobierno una propuesta conjunta de servicios mínimos 'con la voluntad de respetarlos'. Ambos subrayaron que aunque su objetivo es 'parar todas las actividades', 'hay necesidades que deben ser cumplidas'.

Entretanto, el sindicato de la función pública CSI-CSIF anunció ayer que no secundará la huelga del 20-J porque considera que esa medida de protesta es 'desproporcionada'. Según los dos sindicatos mayoritarios, CSI-CSIF sólo cuenta con un respaldo del 11% en la función pública.