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Hacienda aplaza el vencimiento de 200 millones de deuda pública

El Instituto Valenciano de Finanzas aprueba dos operaciones de refinanciación

La deuda pública, como las hipotecas, tiene plazos. Y cuando no se pueden afrontar los pagos, la única posibilidad de evitar un embargo pasa por renegociar las condiciones para aplazar los pagos. Eso es exactamente lo que hizo ayer el Instituto Valenciano de Finanzas. Dos resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana recogen sendas operaciones de endeudamiento por cien millones de euros cada una para afrontar el vencimiento de operaciones de deuda pública de años anteriores que debían afrontarse a lo largo de este ejercicio.

La refinanciación de la deuda es una operación habitual incluso para cualquier economía doméstica. Para cualquier vecino la clave está en mantener los pagos correspondientes a la amortización de capital o a los intereses por debajo del volumen de ingresos. En el caso de las administraciones públicas, la variable fundamental para establecer la calidad financiera es la relación de la deuda con el Producto Interior Bruto. Si la deuda se mantiene en valores absolutos, pero la riqueza crece mucho, se puede considerar que la relación mejora.

El problema de la Generalitat Valenciana es que ha duplicado el volumen absoluto de la deuda pública entre diciembre de 1995 y diciembre de 2001 hasta superar los 6.520 millones de euros y la relación entre la deuda y el PIB ha seguido un camino paralelo. Si en diciembre de 1995, la deuda representaba un 6,4% del PIB, seis años después, llegaba al 10,5%.

Las dos operaciones de refinanciación de pagos publicadas ayer no alteran el volumen total de la deuda, simplemente dilatan vencimiento. Tres años en un caso, y 10 en otro.

Morgan Stanley & Company concede 100 millones de euors a tres años con un interés ligeramente inferior al índice europeo. Dresdner Bank, por su parte, concede otros 100 millones a diez años con un interés idéntico al índice europeo.

Los presupuestos establecen que el saldo vivo de la Generalitat no debe incrementarse a lo largo del ejercicio. Sin embargo, admite ciertas revisiones y consiente que se puedan avalar deudas de otras entidades y empresas públicas hasta 600 millones de euros.También admite que pueda ampliarse el volumen total 'como consecuencia de variaciones' en los periodos de financiación de la deuda.

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Durante el presente ejercicio, la Generalitat ha prestado avales a tres empresas públicas por un total que ronda los 250 millones de euros, que se traducirán en el consiguiente aumento de la deuda. Las dos operaciones publicacas ayer no modifican los valores absolutos puesto que corresponden al pago, a crédito, de vencimientos previstos este año.

El endeudamiento ha crecido abonado por un fase expansiva de la economía con unos índices de crecimiento muy saludables y en paralelo a una notabla rebaja de los tipos de interés.

Pero un súbito cambio en los tipos de interés para intentar detener el aumento de la inflación podría ser fatal. El crecimiento de la deuda pública de la Generalitat durante los últimos años sólo tiene parangón en la Comunidad de Madrid, gobernada también por el PP.

El resto de comunidades autonómas han logrado reducir notablemente los indicadores de deuda respecto al PIB incluso respecto al número de habitantes. Mientras que la Comunidad Valenciana ha logrado situarse a la cabeza del Estado en ambos casos.

Una de las razones decisivas para explicar el aumento de la deuda pública ha sido un recurso utilizado durante los últimos años que demuestra los problemas de tesorería que arrastra la Generalitat. El Consell ha autorizado sistemáticamente durante los últimos cinco años la transformación de deudas a corto plazo, asumidas para afrontar gastos sobrevenidos de funcionamiento ordinario, en obligaciones a largo plazo, inicialmente previstas para amortizar obras.

Es natural dilatar durante 20 años, por ejemplo, el pago de una piscina, cuya vida útil puede superar ese plazo. Pero trasladar a las generaciones futuras el coste del papel y los boligráfos que se utilizan en el presente responde a una política financiera, cuando menos, insólita.

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