Una regularización accidentada

El supuesto final del proceso de regularización de inmigrantes anunciado por el delegado del Gobierno, Francisco Camps, no ha servido para acabar con los problemas que se arrastran desde su inicio. Si Camps pensaba que con la rueda de prensa que ofreció el 3 de mayo -que daba por concluido el proceso- había acabado con los problemas, reproches y obstáculos con los que tuvo que lidiar su antecesora en el cargo, Carmen Mas, relacionados con la regularización, los hechos de las últimas semanas le habrán servido para abandonar esta idea. Primero fueron las manifestaciones vertidas por la Mesa d'Entitas de Solidaritat amb els Inmigrants. En una comparecencia, negaron abiertamente que se hubieran estudiado y resuelto los 56.759 expedientes presentados en la Comunidad, como sostuvo Camps a principios de mayo. Las organizaciones no gubernamentales y sindicatos que integran la mesa denunciaron que a finales de la semana pasada quedaban en la provincia de Valencia unos 4.000 expedientes por estudiar y hasta 5.600 en toda la Comunidad.

El supuesto fin no ha servido para acabar con los problemas que se arrastran

Por estas fechas aún no ha conseguido el permiso, por lo que no puede trabajar

Pero quizás lo más grave estaba por llegar. El viernes 24 de mayo, el delegado del Gobierno tuvo que reconocer que uno de los funcionarios de la Oficina de Extranjeros de Valencia, que depende directamente de la delegación, había sido detenido bajo la acusación de haber cobrado por la tramitación de expedientes. Y la detención, según fuentes del caso, no partió de la Delegación, sino de la denuncia planteada por los presuntos estafados, que hizo saltar la alarma.

El episodio del funcionario detenido y el del choque de cifras son los dos últimos coletazos que pueden servir para dar una idea de la falta de organización y de medios que ha caracterizado el proceso, como constantemente se han encargado de recordar entidades y sindicatos. Pero por debajo de ellos, se encuentran una multitud de pequeños incedentes -no tanto para quienes los han sufrido- que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos 10 meses.

Entre los casos más reiterados está el de las pérdidas de documentación y entre estas víctimas se encuentra Marisol. En junio, algo más de un mes antes de que finalizara el plazo para entregar expedientes, presentó su documentación completa. El mes siguiente, un funcionario llamó a la chica. Le comunicó que en la Oficina no encontraban sus documentos, por lo que debería de volver a entregarlos. Así lo hizo, y de nuevo presentó el certificado médico, el empadronamiento, fotos o el documento que demuestra la ausencia de antecedentes penales, entre otros. Pero en diciembre, otra vez lo mismo. Esta vez con el agravante de que documentos extraviados ya habían sido presentados dos veces, por lo que volvió a entregar una carpeta con la misma información. Finalmente logró la regularización, aunque no se salvó de un pequeño rapapolvo. ¿Porqué nos has entregado tres carpetas con documentos si sólo necesitamos una? le recriminaron cuando acudió a la oficina para recojer su permiso.

Cualquier abogado que haya trabajado en el proceso de cuaquiera de los sindicatos o asociaciones que han colaborado con los inmigrantes conoce un buen número de casos de pérdida de documentos, ya sea parcial o del expediente completo. Con estos precedentes, los inmigrantes o sus ayudantes evitan el mostrador y prefieren entregar a documentación en mano. Pero para ello hay que pedir cita previa, un trámite que puede alargar peligrosamente la entrega de documentos, hasta el punto de hacer peligrar el permiso. Es el caso de un ciudadano chino que ha preferido no identificarse al que faltaba el certificado de antecedentes en su expediente. El día que fueron a entregarlo les remitieron a varias semanas más tarde ante la cola que había. Llegó la fecha, presentó el certificado, pero el permiso ya estaba denegado. 'Qué lástima. Si hubieráis venido a semana pasada...' le comentó el funcionario.

El colapso de la oficina también jugó en contra de Hicham. Primero presentó en mayo una solicitud sólo de residencia -al carecer de una oferta de trabajo-, que le fue concedida a finales de julio. En noviembre le surgió una oferta de trabajo. Una vez con el permiso de residencia en el bolsillo, teóricamente la tramitación del de trabajo es más rápida. No ha sido su caso. Por estas fechas aún no tiene concedido el permiso, con el agravante de que no ha podido trabajar y que el contrato, al estar relacionado con la campaña de la recogida de naranja, no le serviría. Ante la elevada demanda de las ofertas de trabajo, ha surgido un negocio relacionado con ellas. Tal es la posibilidad de enriquecerse, que se han creado sociedades limitadas fictícias, sin ningún tipo de actividad, cuya única función es la de amparar la venta de contratos falsos.

Así, entre retrasos, pérdidas de documentos, acumulación de expedientes o recursos 'queda regularización para rato', según las ONG que no dudan de que habrá casos que se alarguen hasta el año que viene.