El PSE respalda la Ley de Partidos y advierte a Ibarretxe del riesgo de división de una consulta de autodeterminación
El Comité Nacional del PSE-EE celebró ayer su primera reunión tras el Congreso de marzo y el cambio de dirección. Tras el informe del secretario general, Patxi López, se acordó un plan de trabajo de su comisión ejecutiva que no se dio a conocer. Con todos los asistentes a favor, salvo dos abstenciones, el máximo órgano de los socialistas vascos entre congreso y congreso acordó respaldar la Ley de Partidos, ante la que muchos de sus miembros muestran, sin embargo, serias reservas en privado. El Comité Nacional socialista aprobó una resolución que critica las políticas 'frentistas' que siguen 'tensionando y dividiendo a la sociedad' y manifiesta la voluntad de ese partido de convertirse en 'piedra angular de la recuperación del entendimiento entre demócratas frente a ETA'.
La resolución respalda la Ley de Partidos a la que define como una ley 'plenamente constitucional', que 'no persigue ideas o proyectos, sino comportamientos', 'para que ninguna fuerza política burle la democracia'. También pide a los nacionalistas que 'aparquen sus reivindicaciones máximas' mientras exista ETA.En esa línea, los socialistas se critican la insistencia del lehendakari, Juan José Ibarretxe, en convocar una consulta de autodeterminación por considerarla 'tramposa' y estimar que 'es una amenaza y una arma arrojadiza contra los no nacionalistas'. 'Advertimos al lehendakari de que (la consulta) se acabará convirtiendo en el más grave signo de división (...) y que él acabará siendo responsable de uno de los hechos históricos más perturbador y peligros para la construcción de un País Vasco cohesionado e integrado'. La resolución se dirige también al Gobierno central y al PP, a quienes exige que completen el Estatuto de autonomía, acomodándolo a las necesidades del siglo XXI y dando presencia a las comunidades autónomas en la Unión Europea dentro de 'una delegación común'.
El comité nacional rechazó también la Ley de Calidad de la Enseñanza y la reforma del desempleo, y anunció iniciativas en Parlamento y ayuntamientos para pedir su revocación. La resolución critica a los sindicatos ELA y LAB por anteponer 'sus reivindicaciones de ámbito de decisión' a la unidad sindical, al convocar la huelga un día antes.
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