Reportaje:

Condenados a votar con los pies

El control de los grandes grupos convierte las juntas generales en un mero acto protocolario

Un solo accionista levantó la voz en la junta general de Dragados contra la cesión del control de la compañía a ACS y un solo accionista pidió la dimisión del presidente de Repsol YPF en la última junta, que aprobó la reducción de dividendos por los quebrantos de la crisis argentina. Los consejos de administración, mediante la exigencia de un mínimo de títulos para asistir y a través de la delegación de voto que recaban al pequeño accionista gratuitamente o a cambio de un obsequio, controlan las juntas y se aseguran la aprobación de todas sus propuestas.

La forma de participación del pequeño accionista (acudir a la junta una vez al año o delegar la representación en los bancos) es decimonónica
Las agrupaciones de accionistas brillan por su ausencia y sólo aparecen en contadas ocasiones, tras desastres como la intervención de Banesto

El pequeño accionista vota con los pies en las juntas generales porque el sistema lo propicia, explica Juan Fernández Armesto, ex presidente de la CNMV, dado que no favorece su participación y su protagonismo en la vida de la sociedad. La forma de participación -acudir físicamente una vez al año a la junta o delegar en los bancos la representación- es decimonónica, agrega, y deberían explorarse todas las posibilidades que abren las nuevas tecnologías (videoconferencias, votos a través de Internet, etc.) para aumentar el protagonismo y la implicación del accionariado disperso y mayoritario en las sociedades.

Las agrupaciones de pequeños accionistas en España brillan por su ausencia y sólo aparecen en contadas ocasiones, tras un desastre como la intervención de Banesto, para aglutinar a los afectados en la exigencia de responsabilidades. A nivel general, algunas organizaciones como la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) o la Asociación de Defensa del Accionista (ADA) intentan llenar este hueco. 'Fiascos como el del BBVA dan la voz de alarma, y esperamos que los inversores vayan despertando', señala Manuel Pardos, presidente de Adicae, una asociación que ha interpuesto demandas en los últimos tiempos contra los gestores de Gescartera y del BBVA en nombre de colectivos de depositantes y accionistas afectados por estos escándalos. 'En los últimos años se han levantado una serie de casos de corrupción y fraude en el sistema financiero español que han puesto en evidencia la existencia de demasiadas manzanas podridas en su seno y un descontrol o connivencias completamente inaceptables de los organismos reguladores como el Banco de España, la CNMV y el propio Ministerio de Economía', opina Manuel Pardos.

Internet, que permite una comunicación rápida y económica entre accionistas, se está mostrando como una vía muy útil y prometedora, sobre todo en EE UU, para agrupar colectivos y afrontar una defensa conjunta de sus intereses frente a los gestores y los grupos de control. En España hay alguna iniciativa, como el CAD25 (Club de amigos de Dinamia a 25 euros), que ha logrado desde la página www.dimania.net aglutinar ya entre pequeños inversores más del 6% del capital de la sociedad cotizada.

Juan Alonso, de Abogados, Asesores Tributarios y Laborales, un despacho madrileño que ofrece la defensa de los intereses económicos y políticos a socios minoritarios, cree que la actual legislación es muy efectiva en la protección de los pequeños accionistas, pero reconoce que la situación varía sustancialmente, por la magnitud del capital social, cuando se trata de sociedades cotizadas.

Absentismo del institucional

'Si el pequeño inversor no participa en la vida de la sociedad, al final es su decisión. Pero los grandes fondos, los inversores institucionales, tienen la obligación de inmiscuirse de forma positiva en la vida de las empresas en las que participan para velar por los intereses de los fondistas a los que representan', sostiene Fernández-Armesto, pero lo cierto, a la vista de los últimos cambios de control en empresas del Ibex o en alguno de los escándalos que se han producido en sociedades cotizadas, es que en España rara vez lo hacen. También en este caso los partícipes sufren en sus bolsillos los quebrantos de unas operaciones cocinadas a sus espaldas en empresas en las que participan indirectamente a través de un fondo. En los países anglosajones han empezado a exigírseles responsabilidades judiciales por su actitud pasiva en situaciones similares.

La figura de los consejeros independientes, promovida por el Código Olivencia y asumida por la mayor parte de las compañías cotizadas, tampoco es ninguna garantía en España. La mayoría han accedido al puesto por vínculos de amistad o relaciones económicas con el presidente de la compañía o el grupo que controla el consejo y, al final, 'quien paga marca la música'. Habría que reconsiderar la figura del consejero independiente, sostiene Fernández-Armesto, 'para que realmente represente los intereses de los accionistas minoritarios y que éstos puedan exigirle responsabilidades si no lo hace'.

La confianza en los auditores y en los analistas y bancos de inversión, al margen de los problemas suscitados en EE UU con Arthur Andersen y Merrill Lynch, también es escasa en estos lares para el pequeño accionista tras su labor en escándalos como el de Banesto, Gescartera o Torras.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 01 de junio de 2002.

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