Vieja política para una nueva guerra fría

En el recalentado ambiente de la capital, la atmósfera está llena de quién ha dicho qué, cuándo, a quién y sobre cuál amenaza terrorista. Por tanto, cuando el Gobierno de Bush empieza, de pronto, a apoderarse de cualquier fragmento de informacion y de cualquier inquietud sobre posibles atentados terroristas y los hace públicos, podría sospecharse que lo que está haciendo es cubrirse las espaldas.

Sería un error. Creer que la última oleada de advertencias y retórica del miedo de la Administración no es más que una política defensiva es perder de vista la cuestión fundamental.

En el horror del 11 de septiembre, los hombres del presidente encontraron su razón de ser. Oyeron una llamada. Durante los primeros meses de la presidencia de George W. Bush, su equipo de seguridad nacional no sabía qué decir y recurrió a lo que algunos llamaron 'una política exterior elemental': cualquier cosa menos Clinton. Ahora, con la guerra contra el terrorismo, no sólo han dado con su vocación, sino que han vuelto a terreno conocido. En sus puestos de mando, siempre alerta, con el dedo en un botón nuevo, esos funcionarios aguardan el momento de la verdad del mismo modo que lo hacían muchos de ellos en Gobiernos anteriores durante la guerra fría.

En sus puestos de mando y con el dedo en un botón nuevo, los funcionarios aguardan 'el momento de la verdad' como en los tiempos de la URSS

¿Es Al Qaeda, o la comunidad terrorista internacional, igual que la URSS? ¿Los métodos de la guerra fría son nuestra mejor esperanza de seguridad?

Por muy horribles que sean las armas de destrucción masiva, los explosivos convencionales son lo que ha llevado al terrorismo a una dimensión nueva

Lo que hace que la nueva cruzada le resulte tan natural al equipo de Bush es que se parece mucho a la vieja. No es el terrorismo convencional, sino la posibilidad del terrorismo con armas de destrucción masiva (WMD), lo que ha dado nueva vida a la Administración.Dicha posibilidad va acompañada por un ansia renovada de acción clandestina y agentes humanos, la necesidad de eliminar riesgos internos para la seguridad, el incremento del secretismo oficial al estilo de la guerra fría.

Vuelco intelectual

Todas las áreas del aparato de seguridad nacional han cobrado nueva vida, llenas de nuevas misiones, nuevos fondos, nuevas oficinas con nombres esotéricos y sin tareas públicamente reconocidas: el C4ISR para Operaciones HLS del Departamento de Defensa, por ejemplo. Ahora bien, si rascamos la superficie, lo que da su empuje a esta nueva guerra son las armas nucleares, biológicas y químicas, igual que ocurría en la vieja con los misiles de rusos y chinos.

Tal como están las cosas, lo conocido puede impedir a los nuevos guerreros ver lo obvio: que, por muy horribles que sean las armas de destrucción masiva, los explosivos convencionales son los que han llevado el terrorismo a una dimensión nueva. Y con esta mentalidad de guerra fría hay un regreso a la vieja noción de que, cuando se trata de la seguridad nacional, siempre es mejor más y más grande. 'La Administración de Bush ha abierto la llave del Tesoro para combatir el terrorismo mundial, y ha llevado a cabo un vuelco intelectual cuando aprobó el crecimiento sustancial del tamaño y el alcance de la burocracia federal', dice un militar retirado que vive en Washington y se dedica a la seguridad en suelo norteamericano.

Irónicamente, pese a la opinión del Gobierno de que la Administración anterior no se tomaba en serio nada en política exterior, Bush está siguiendo, en gran parte, el mapa trazado por Clinton.

El 21 de junio de 1995, el presidente Clinton firmó un documento secreto, llamado Directiva presidencial número 39, que declaraba: 'EE UU dará máxima prioridad al desarrollo de la capacidad para detectar, prevenir, derrotar y gestionar las consecuencias del uso terrorista de armas o sustancias nucleares, biológicas o químicas'. Hasta el 11 de septiembre, la Administración de Bush prestó escasa atención a la directiva; desde entonces ha asumido las prioridades de Clinton con ardor.

Nadie discute los peligros del terrorismo internacional ni la necesidad de una reacción eficaz. No obstante, la respuesta de la Administración de Bush tiene dos problemas. Primero, al centrar tanta atención y tanto dinero en las armas de destrucción masiva, el Gobierno quizá se olvide de otro peligro más probable, el de atentados más sencillos. Segundo, al adoptar la mentalidad de guerra fría -con su miedo implícito respecto a la supervivencia nacional-, la Administración de Bush ha emprendido una vía de secretismo y convicción de que el fin justifica los medios. En el pasado, ese miedo se convirtió en una licencia para cometer abusos que iban desde violaciones de derechos individuales hasta aventuras en el extranjero que perjudicaron los intereses nacionales sin mejorar gran cosa la seguridad.

Parece sintomático de esta mentalidad que los altos funcionarios con los que he hablado se irriten a la menor duda sobre su estrategia o sus métodos. Pero hace falta plantear dudas. ¿Ha fracasado la Operación Libertad Duradera porque EE UU no haya capturado a Osama Bin Laden ni al mulá Mohammed Omar? ¿Se han visto amenazadas las libertades civiles en el trato a los sospechosos de terrorismo? ¿Es necesario todo el secretismo?

Las respuestas de los altos funcionarios son monocordes: acabar con los terroristas anula cualquier prioridad. Cualquier dato obtenido compensa lo que se tenga que sacrificar. El pueblo norteamericano comprende esas molestias.

Tanta seguridad nos devuelve a los primeros días de la vieja guerra fría, pero hay que recordar que ese deseo de autoridad de la Administración de Bush está recién descubierto. A pesar de repetidos incidentes terroristas y avisos sobre futuros atentados en los meses y años anteriores al 11 de septiembre, el terrorismo no fue la máxima prioridad del nuevo Gobierno hasta los atentados.

Ahora, el interés casi obsesivo por las armas de destrucción masiva plantea otro problema. En 1994, el Congreso amplió la definición legal de dichas armas para incluir cualquier dispositivo destructor de gran tamaño, como el camión bomba de Oklahoma City. De forma que, aunque al público le preocupen posibles dispositivos nucleares ocultos en buques de carga o toxinas letales en el centro comercial, la definición legal ampliada -como la vieja amenaza de la guerra fría- se puede extender para justificar casi todo.

Y esa definición es la que adoptan sin vacilación los planes secretos y las directivas que ha aprobado el presidente. La Junta de Jefes de Estado Mayor incluso ha inventado un nuevo acrónimo para designar la amenaza: CBRNE, las siglas inglesas de explosivos químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y de alto rendimiento.

'CBRNE incluye cualquier suceso, accidente industrial, acción de la naturaleza o acto terrorista', explica un documento de la Junta de Jefes de Estado Mayor. 'WMD se refiere a un dispositivo CBRNE diseñado para causar víctimas'. La respuesta federal, para decirlo suavemente, ha sido exagerada. Las directivas de los Gobiernos de Clinton y Bush han dado vida a toda una infraestructura gubernamental, encargada de la lucha contra el terrorismo y las armas de destrucción masiva, en gran parte escondida de la opinión pública.

En 1999, el Departamento de Defensa creó un centro organizativo, llamado Apoyo Civil del Grupo Operativo Conjunto, para que se dedicara a la 'gestión de las consecuencias' en caso de un incidente CBRNE en suelo nacional.

Palabra clave

'La palabra clave es apoyo civil', dijo el secretario de Defensa de Clinton, William S. Cohen, en la ceremonia de activación del grupo operativo, en octubre de 1999. 'En este grupo operativo está muy claro que están sometidos al control civil. No pretende menoscabar, en absoluto, la doctrina del posse comitatus'.

El motivo por el que Cohen hacía hincapié en el apoyo civil era lo delicado de utilizar a militares en funciones de fuerzas del orden. La Ley de Posse Comitatus prohíbe a las tropas militares ejecutar o imponer el cumplimiento de las leyes, salvo en los casos 'autorizados por la Constitución o una ley aprobada en el Congreso'.

En la práctica, hoy, no parece que a nadie le preocupen demasiado el control civil ni la prohibición de emplear a militares como fuerzas del orden civiles. 'No creemos que haya ningún problema con el posse comitatus', dijo el 7 de mayo el secretario de Defensa, Donald H. Rumsfeld. 'No proponemos, ni propone el presidente, que el Ejército intervenga de pronto en papeles que históricamente no ha desempeñado y que por ley tenemos prohibido desempeñar'.

Las palabras fundamentales en la declaración de Rumsfeld son 'de pronto'. Nada de lo que se ha hecho ha sido repentino. Gran parte de esta infraestructura se estaba ya construyendo antes del 11-S, sólo que funcionaba con piloto automático. Desde el 11-S, el equipo de Bush ha emprendido una transformación organizativa más drástica para combatir una nueva guerra.

Los atentados del 11 de septiembre 'colocaron a nuestra nación... en situación de guerra', declaró al Congreso el mes pasado el general William F. Kernan, jefe de las fuerzas de respuesta interior del Ejército estadounidense. 'Todos los elementos en activo, en la reserva, Guardia Nacional, servicio civil y contratados participan en esta guerra de dos frentes, uno en nuestro país y otro en el extranjero'.

Ahora bien, ¿es Al Qaeda, o la comunidad terrorista internacional, equivalentes a la antigua URSS?, ¿los métodos de la guerra fría son nuestra mejor esperanza de seguridad, o son sencillamente algo que proporciona a unos funcionarios atribulados la tranquilidad de lo conocido?

El vicepresidente, Dick Cheney, en unas declaraciones recientes, parece mostrar el escepticismo de un veterano, y predice con certeza que habrá un nuevo incidente terrorista. Si falta la retórica del miedo quizá se pudiera poner en tela de juicio la necesidad de una acción ilimitada por parte del Gobierno. Mientras tanto, el miedo existe; un miedo que parece haber afectado al Gobierno todavía más que a la opinión pública.

William M. Arkin es un analista de asuntos militares que escribe en 'Los Angeles Times'.