La Acadèmia pugna por su autonomía institucional

Uno de los elementos que alimentan el debate parece remontarse a la Edad Media, por cuanto se trata de un problema nominalista. El Gobierno de la Generalitat excluyó del requisito lingüístico el título de Filologia Catalana, el único reconocido por el sistema universitario español con el fin de unificar los estudios, por el empleo del término catalán. Es consecuencia, una buena parte de los académicos propuso que la institución se pronunciara sobre tal medida, lo que provocó el pasado lunes el pleno más tenso de los que hasta ahora se han celebrado. 11 votaron a favor de debatirla sobre un total de 19 académicos presentes, a pesar de la oposición de la presidenta de la AVL, Ascensión Figueres, y del informe jurídico elaborado por el Letrado de las Cortes, Luis Aguiló, que considera al ente normativo incompetente en la materia.

La discusión posterior finalizó con un enfrentemiento entre el sector más secesionista y el que defiende las tesis universitarias sobre la unidad lingüística. Un voto impidió que este último grupo alcanzara la mayoría en el sufragio. En consecuencia, la Acadèmia no se pronunció oficialmente sobre la asunto.

Una vez constituida, la AVL debería tratar solo asuntos normativos y lingüísticos, no políticos. Esta opinión de Figueres, del PP, entre otros académicos, descansa también en la idea de que la institución, que aún no ha cumplido el año, debería alejarse del campo de batalla político en aras de sustentar una mayor autoridad e independencia e instalarse defintivamente en el camino de la normalidad. Mejor no entrar en ciertas cuestiones porque, además, no son materia de un ente normativo.

A nadie se le escapa la naturaleza política de la creación de la AVL, como pone de manifiesto la propia composición de la misma. De otro modo resultaría imposible justificar los méritos de bastantes de los académicos. Se antoja un contrasentido que entre los académicos que ejercen diariamente como profesores o catedráticos de Filologia Catalana en las distintas universidades valencianas, por ejemplo, no se propusiera algún tipo de pronunciamiento. Lo mimo sucedió con la decisión del Consell de excluir en el currículo de la asignatura Valencià. Llengua i literatura de la ESO los autores nacidos fuera de los límites actuales de la Comunidad Valenciana. En este caso, la AVL sí emitió una declaración en la que pedía 'reconsidar' los aspectos más conflictos de la propuesta curricular.

Representantes del mundo universitario se preguntan si la Real Academia de la Lengua Española no tendría nada que decir si los andaluces o los argentinos decidieran no estudiar a los autores castellanos, o si lo uruguayos optaran por no reconocer el titulo de Filologia Española.

La AVL no tiene ninguna competencia para promulgar leyes o diseñar los contenidos curriculares educativos, pero su proceder debe ajustarse a un rigor científico o académico. ¿O acaso se deben orillar cuestiones relativas a este objeto?

Tampoco tiene el Consell competencias normativas, depositadas en la AVL, y un día después de que la institución promulgara el primer acuerdo normativo, el gobierno de la Generalitat defendió para uso de la Administración una lista de palabras del valenciano consideradas más genuinas, sin mencionar otras posibilidades apuntadas en el acuerdo.

Estas opiniones, extendidas en el ámbito universitario y educativo y también en los partidos de la oposición y los sindicatos de enseñanza, chocan con planteamientos considerados más pragmáticos, que creen que el organismo no debería meterse en camisas de once varas y consolidarse primero como institución sin entrar en temas polémicos.

En cualquier caso, el transfondo de la cuestión es si se pueden poner puertas al campo. El acuerdo entre el PP y el PSPV para crear la Acadèmia se basó en una premisa fundamental: apartar del debate político el conflicto lingüístico y normalizar una situación que fue alterada por la pugna política durante la democracia. La reciente polémica, no obstante, ha demostrado que el cambio cultural en la derecha política, aunque ha avanzado, sigue por detrás de la realidad social y científica. También se apunta la interpretación de que así se desplaza la atención sobre otras cuestiones.

Persiste, en conclusión, la intención de orillar la realidad filológica sobre la unidad lingüística del valenciano y el catalán mediante fórmulas nominalistas que harían la delicias de los escolásticos. La mayoría de los académicos de la AVL están dispuestos a entrar en el juego, si con ello se avanza en la normalización y promoción del valenciano, pero sobre unas premisas que no dejen lugar a dudas sobre una realidad, que, no obstante, se ve sacudida por decisiones políticas.