El error Aznar

I. El expediente de acudir al decretazo para aprobar la contrarreforma laboral no es sólo un acto autoritario y una provocación del Gobierno. Es, sobre todo, un ataque directo al derecho fundamental a la huelga (ex. art. 28 de la CE), contenido esencial de la libertad sindical, al enfrentar la iniciativa de CC OO y UGT con el Parlamento, intentando así deslegitimar y yugular la huelga general. Decisión inédita en los anales de la democracia, que ni tan siquiera Berlusconi ha tomado en Italia. La supuesta urgencia de las medidas es una evidente falacia y se utiliza así el decreto-ley de manera anticonstitucional, pues la norma suprema contempla esta vía cuando se dan razones de extraordinaria y urgente necesidad, que no aparecen por ninguna parte. Pero la gravedad de la decisión no acaba aquí. Si, como es previsible, los sindicatos mantienen su convocatoria, incluso con mayor empeño, y la huelga es un éxito, será el propio Parlamento el que no quedará en buen lugar. Toda una lección de imprudencia política por parte del presidente del Gobierno.

II. Ahora bien, ¿por qué Aznar rompe el diálogo social después de seis años de entendimiento con los sindicatos?; ¿por qué tira por la borda uno de los capitales más importantes de su gestión precisamente cuando la economía necesitaría más del diálogo social, con la inflación y el paro descontrolados? Porque la realidad es que durante estos años las relaciones entre el Gobierno y las centrales habían sido fluidas e incluso excelentes. Se han pactado una porción de acuerdos sobre diferentes materias de alcance social y la postura sindical ha contribuido como pocas al crecimiento económico. Hasta tal punto ha sido así que algunos habían llegado a pensar que los sindicatos estaban domesticados o que, en todo caso, se encontraban desaparecidos e incapaces de reaccionar ante posibles envites del poder. La división sindical en el acuerdo de las pensiones abundaba en esta impresión.

Se puede sostener, con conocimiento de causa, que Aznar estaba convencido de que los sindicatos no convocarían la huelga general; que, como otras veces, negociarían, en esta ocasión a la baja, y que con unas cuantas concesiones de menor cuantía se podría llegar a algún apaño. En cualquier caso, si los sindicatos se encabritaban, fracasarían en su intento y quedarían debilitados para bastante tiempo. Es decir, o sumisos o rotos, que es como a la derecha le gusta ver a los sindicatos, según el modelo Thatcher. Craso error de cálculo, como ha empezado a demostrar el caso italiano, han evidenciado los metalúrgicos alemanes y ya veremos qué sucede en España, pues no todo va a concluir el 20 J.

III. La desgracia es que tenemos un presidente del Gobierno que confunde las rigideces del sistema con su propia rigidez. Se le ha metido en la cabeza la, en principio, loable idea de alcanzar el pleno empleo y para ello hay dos vías bastante obvias: o se crea empleo o se practica la eutanasia del parado. La primera vía es, sin duda, la sana y correcta, pero se aleja cada vez más de las posibilidades del Gobierno debido a la flojera de la economía, que no es capaz, ahora, de crear empleo neto. La otra ruta es la escogida por el Gobierno con estas contrarreformas laborales. Con mayoría absoluta, la presidencia de la UE, un giro a la derecha sin precedentes en Europa y la izquierda a la defensiva, ¿por qué no empezar a desmontar el 'rígido' modelo social europeo y sustituirlo por otro más desregulado y liberal? Las privatizaciones ad nauseam; la bajada de impuestos a los pudientes; el déficit cero a costa del deterioro de los servicios públicos; la prima a la enseñanza privada, son otros tantos hitos en la misma dirección. Ahora le tocaba el turno al mercado laboral. El Gobierno español iba a demostrar a Europa cómo hay que hacer las cosas, y ¿por qué no postular después a su presidente -cuando abandone el cargo- a la presidencia del Consejo Europeo, cuando éste deje de ser rotatorio cada seis meses? Qué peligroso puede llegar a ser un gobernante que renuncia de antemano a medirse de nuevo en las urnas. Empieza a pensar que sólo es responsable ante Dios y ante la historia, es decir, ante nadie, políticamente hablando.

IV. Luego está, cómo no, la perversidad de los detalles. En el trazo grueso todo pueden ser mentiras. ¿Cómo asumir que un parado pueda renunciar por tres veces a un puesto de trabajo y no pierda la prestación por desempleo? Así apareció dicho en TVE en boca del presidente Aznar. Primero, conviene aclarar que no se trata de un 'subsidio', como sostienen ilustres ignorantes, sino de una prestación (seguro) de desempleo contributiva, esto es, financiada por los agentes sociales y no vía impuestos-presupuesto. En segundo lugar, ¿qué es lo que se puede llegar a ofrecer al parado, según la reforma, y que éste ya no puede renunciar sin perder la prestación (el 'paro')? Un contrato de trabajo temporal o a tiempo parcial, cuyo sueldo puede alcanzar el salario mínimo interprofesional, el puesto de trabajo ubicado hasta 30 km del lugar de residencia y en que el transporte pueda suponer el 20% del sueldo. Es decir, 85.838 pesetas (516 euros) al mes, esto es una miseria. ¿Por qué tiene que aceptarse una cosa así? ¿Cómo asumir que un derecho subjetivo del trabajador como es el seguro de paro se transforme en un acto discrecional de la Administración (Inem)?

Aún más grave, si cabe, es la eliminación de los salarios que el trabajador recibe, cuando es despedido ilegalmente, entre el momento del cese y la sentencia del juez. El retoque de última hora que consiste en dejar fuera de esta regla los casos de readmisión del trabajador en la empresa es un sarcasmo, pues la decisión de readmitir o no queda en manos del empresario, salvo en los despidos nulos -atentados a los derechos fundamentales-. Esta medida supone facilitar y abaratar el despido hasta límites inconcebibles. Significa, de entrada, expropiarles a los asalariados 84.000 millones de pesetas, que se repartirán, amigablemente, entre la Administración y los empresarios. Además, como desde el primer día del despido se cobrará el 'paro', el dinero a percibir será menor que antes -el 70% y 60% de la base reguladora- y, por otra parte, el afectado irá agotando la prestación por desempleo, bastante antes que en la actualidad. Por si fuera poco, muchos se quedarán sin nada, pues esos salarios de tramitación -una media de 4 meses- les eran imprescindibles para cubrir el periodo de cotización mínimo -360 días- para generar derecho a la prestación. Por último, desde la mera legalidad democrática supone una quiebra del principio de reparación del daño de nuestro Código Civil. Si un juez declara que el despido ha sido contrario a derecho es aberrante que se exonere al que cometió el ilícito laboral -la empresa- del pago de los salarios y se traspase a los propios trabajadores el adeudo del acto ilegal. Hace tiempo que a los empresarios se les redujo la factura por este concepto sólo a 60 días de salarios, pues lo que sobrepasa de ese período se hace cargo el Estado. Ahora ya ni los 60 días,

con lo que el despido se convierte no sólo en libre -que ya lo era-, sino también en prácticamente gratuito en contratados con escasa antigüedad.

La desaparición, hacia el futuro, del PER significa una tragedia para Andalucía y Extremadura. La creación de un sistema contributivo para los eventuales del campo, que a partir de ahora deberán reunir un año de cotizaciones para tener derecho al desempleo es condición diabólica dada la severa eventualidad que afecta a los jornaleros. Igualmente crudo es quitarles a los fijos discontinuos -abundantes en Baleares, Canarias, etcétera- la posibilidad del desempleo en las condiciones que venían disfrutándolo. O contabilizar la vivienda o la indemnización que recibieron en su día a efectos de renta incompatible, con el fin de que los mayores de 52 años no cobren el subsidio de desempleo.

V. Es difícil predecir si la huelga tendrá éxito o no. Sin duda, el Gobierno pondrá toda la fuerza de que dispone: decreto-ley; servicios mínimos abusivos; medios de comunicación afines; policía, y ésta vez los empresarios no serán complacientes. Pero las razones de los sindicatos son poderosas y la gente sabe lo que se juega. Es probable que al final haya una guerra de cifras con el fin de demostrar el éxito o el fracaso de la convocatoria. Pero, más allá de esta cuestión, una cosa está garantizada: el error de Aznar supone la ruptura de la paz social y el inicio de una larga enemistad. La ventaja de la democracia es que todo es reparable con el tiempo. Y las urnas son un buen receptáculo de las reparaciones.

Nicolás Sartorius es abogado y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.