CiU dejará solo al Gobierno en la convalidación del 'decretazo'

El Partido Popular no contará con los votos de Convergència i Unió en la convalidación, el próximo día 13, del decreto-ley de reforma laboral. CiU ha decidido abstenerse, pues considera que 'ha faltado diálogo' antes de presentar la reforma y la actuación del Gobierno 'ha fallado en las formas'. Los nacionalistas catalanes confían en que la transformación del decreto-ley en proyecto de ley sirva para mejorar los fallos que ven ahora.

El portavoz parlamentario de CiU, Xavier Trias, criticó ayer 'el procedimiento elegido por el Gobierno para sacar adelante esta reforma'. Destacó que cualquier reforma laboral, si quiere tener éxito, debe ir precedida de 'diálogo y consenso' con los agentes sociales, con las autonomías y con los grupos parlamentarios. 'Lamentamos que, una vez más, éste no haya sido el procedimiento elegido'. Por eso, se abstendrán, en la esperanza de que la tramitación del decretazo como proyecto de ley, ya después de las vacaciones, 'permita desarrollar una discusión importante, con conversaciones con los agentes sociales'. A juicio de Trías, 'sería bueno' que ahora, pese a la convocatoria de huelga, se 'evitaran demagogias como subrayar que hay fraude o que los parados no buscan empleo con suficiente interés'. Para la tramitación del decreto como proyecto de ley, CiU defiende las siguientes enmiendas:

Más fondos para el Inem. CiU destaca que 'no hay nada más decepcionante' que una reforma laboral que no puede aplicarse por falta de recursos. Uno de los ejes de esa reforma pasa por garantizar que el parado no pueda rechazar ofertas de empleo adecuadas. El problema, y el Gobierno así lo admite en privado, es que el Inem no funciona y no ayuda a los parados a encontrar un empleo.

Salarios de tramitación. Los nacionalistas catalanes defienden que se libere a los empresarios del pago de esos salarios pues consideran que son resultado de la lentitud de la Justicia. Pero no ven bien que los deje de percibir el parado. Por ello, piden que los pague el Estado. Ahora, el Ministerio de Justicia paga esos salarios a partir de los 60 días de trámite judicial.

Tres meses de moratoria. Los nacionalistas reclaman que el parado no se vea forzado a tener que aceptar una oferta 'adecuada' de empleo hasta que pasen 100 días (tres meses) desde que perdió su empleo. En la práctica, la mayor parte de los parados se recolocan a los tres meses de quedar en paro.

Oferta adecuada de verdad. Con el decretazo queda a merced de la autoridad administrativa qué oferta es adecuada y cuál no. CiU pide 'fijar garantías claras para el trabajador' para evitar arbitrariedades.

Fijos discontinuos. CiU pide pide modificar 'el punto del decreto que suprime la protección por desempleo de miles de trabajadores fijos discontinuos'. Mantiene que no se debe 'precarizar un empleo que está funcionando bien'.

Mayores de 52 años. CiU critica la intención del Gobierno de incluir las indemnizaciones por despido entre las fuentes de renta que serán incompatibles con el subsidio de desempleo. Esta medida afecta principalmente a los parados mayores de 52 años.

Los nacionalistas, de paso, advierten al Gobierno de que tras el decretazo vendrá la reforma de la Ley Básica de Empleo, con modificaciones que 'recortan las competencias de las autonomías'.

'Sangrante' trato a mayores

La reforma laboral que implanta el decretazo fue ayer calificada de 'innecesaria e injusta' por el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ya que 'el Inem no tiene déficit sino superávit'. Según Zapatero, 'todo el conjunto de medidas son recortes' y dan 'razones para una protesta seria de los sindicatos'. En una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, Zapatero opinó que es 'muy sangrante' el trato que dará a los mayores de 52 años. 'Hoy se les da un subsidio asistencial para que puedan prejubilarse, son 150.000 en España, y aquellos que hayan recibido una indemnización de 700.000 pesetas en su despido originario y tengan ese dinero en una cuenta ya no tendrán derecho a subsidio'.