El Supremo pide amparo al Poder Judicial por las críticas al archivo del 'caso Otegui'

Luis Román Puerta, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, envió ayer a Francisco Hernando, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un escrito que expresa 'la preocupación' de los magistrados de la Sala por los ataques, especialmente gubernamentales, dirigidos contra el auto que archivó el caso Otegi. Puerta denuncia que tales reacciones 'rebasan ampliamente el ámbito razonable de la crítica y de la discrepancia social frente a las decisiones judiciales' y pueden suponer 'el quebranto (...) para el necesario respeto social de las instituciones fundamentales del Estado de derecho'.

Puerta, junto con Perfecto Andrés (ponente de la resolución) y Joaquín Delgado, formó la Sala de admisión que acordó archivar la querella del Ministerio Fiscal contra el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi por gritar en Francia '¡Gora Euskadi ta Askatasuna!' ('¡Viva Euskadi y libertad!').

Sin embargo, Puerta se dirigió ayer al presidente del CGPJ no como miembro de la sala que tomó esa decisión, sino como presidente de la Sala Penal del Supremo, de la que forman parte un total de 21 magistrados, 14 de ellos titulares y siete sustitutos o eméritos.

Puerta, magistrado conservador, instruyó el caso Naseiro (sobre financiación irregular del PP), archivado por cuestiones formales y, en cambio, formó parte del tribunal que dictó una sentencia condenatoria en el caso Filesa (sobre financiación irregular del PSOE). También encabezó el voto particular en favor de la reintegración de Javier Gómez de Liaño a la carrera judicial, tras el indulto de su condena por dictar resoluciones injustas a sabiendas.

Texto íntegro del escrito

El texto íntegro del documento remitido por Puerta a Hernando dice así: 'Ante el tono de algunas de las reacciones y manifestaciones públicas que se están produciendo con motivo del auto dictado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordando el archivo de la querella formulada por el Ministerio Fiscal contra un parlamentario autonómico del País Vasco, que entiendo rebasan ampliamente el ámbito razonable de la discrepancia social frente a las decisiones judiciales, quiero transmitir a V. E. [vuestra excelencia] la preocupación de los magistrados de esta Sala por el quebranto que las mismas pueden suponer para el necesario respeto social de las instituciones fundamentales del Estado de derecho'.

Fuentes del Supremo explicaron ayer que en las conversaciones de los últimos días entre los magistrados no se comprendía la reacción gubernamental ante una decisión técnica, en función de la capacidad de perseguir el terrorismo fuera de España.

Para explicar que la interpretación de la naturaleza de los delitos no compete al legislativo sino a los jueces, uno de los magistrados de la Sala Penal puso el siguiente ejemplo: 'Si el legislador decidiera incluir junto al delito de violación el castigo para quienes enaltezcan esa conducta, ¿tendrían que considerar los jueces violador a quien hiciera apología de esa agresión a la libertad sexual?'.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Ángel Acebes, desde Berlín, insistió en las 'competencias' y 'obligaciones' que corresponden a unos y otros poderes, según informa Ciro Krauthausen. Acebes explicó: 'Hicimos una iniciativa legislativa en la cual sigo creyendo, que es que quienes ensalzan o rinden homenaje al terrorismo cometen un delito. Como tal también fue entendido por la inmensa mayoría, un 94%, de los representantes de los ciudadanos'. Y agregó: 'Sólo digo que volvería a hacerlo y que me parece que es indigno que en una democracia pueda resultar impune un homenaje al terrorismo'.

Javier Martínez Lázaro, uno de los vocales del sector progresista, se mostró comprensivo con la preocupación de los magistrados del Supremo, ya que, según dijo, 'la ubicación de un delito en el Código Penal no lleva consigo el tipo de delito, que corresponde interpretar a los jueces'.

Iniciativa comprensible

José Antonio Alonso, vocal del mismo sector, estimó la iniciativa de la Sala Penal del Supremo 'completamente comprensible, a la vista de los antecedentes'. Aseguró que el escrito de la minoría al pleno del Consejo contra los ataques del Gobierno al Supremo 'no es una cuestión coyuntural o de rifirrafes políticos, sino de defensa de principios constitucionales y de las instituciones capitales del Estado'.

La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, solicitó ayer 'el máximo respeto a las decisiones que por medio de sus resoluciones judiciales adopte el máximo órgano judicial (...) como es el Tribunal Supremo, tanto en el caso de la última resolución adoptada en el caso Otegi como en cualquier otra resolución'. Pidió que, 'por todas las instituciones del país se guarde el máximo respeto a las decisiones judiciales, símbolo del Estado de derecho', así como que 'el resto de los poderes del Estado respeten las decisiones judiciales'.

En sintonía con estos criterios, el presidente del CGPJ decidió ayer que el pleno del miércoles próximo debata la petición formulada por nueve vocales sobre las críticas del Gobierno al Supremo, según informa Efe.