Prisiones a tope

La situación de las cárceles españolas amenaza con volver a sus peores épocas en cuanto a masificación y deterioro higiénico-sanitario. Esa línea todavía no se ha traspasado, pero puede suceder a finales de año al ritmo actual de 600 nuevos presos por mes. Los 72 centros penitenciarios albergan a más de 50.000 reclusos, es decir, 125 por cada 100.000 habitantes. La tasa más alta de los países europeos, junto con la de Inglaterra y Gales, y la mayor habida en España en el actual periodo democrático. Hay que retotraerse a los primeros años del franquismo para encontrar cifras parecidas. Los indultos generales sirvieron de espita para que el clima carcelario no rebasase luego los niveles de explosión.

La regulación de la población reclusa no está hoy al albur de actos tan aleatorios como los indultos masivos: depende de factores menos voluntaristas, como los índices de delincuencia, la mayor o menor eficacia policial o el tipo de política criminal, preventiva o represiva en diversos grados, que siga el Gobierno de turno. Y de un factor nuevo como el aumento sustancial de población extranjera habido en España en los últimos años. En todo caso, el hecho de que España tenga una de las mayores tasas de presos entre los países de su entorno merece una seria reflexión por parte del Gobierno, las fuerzas políticas y la sociedad en general.

En primer lugar, esa situación cuestiona seriamente el objetivo constitucional de reinserción social del recluso. Sea cual sea el Gobierno en ejercicio, conservador o progresista, ese objetivo sigue estando marcado en las leyes. ¿Cómo puede alcanzarse razonablemente esa meta si la situación en las cárceles se masifica, la convivencia se degrada y la vigilancia y el tratamiento individualizado del recluso se hace imposible? El principio de una celda, un preso, establecido en la Ley General Penitenciaria de 1979, sigue cada vez más lejos de cumplirse.

Pero la actual situación carcelaria supone también el fracaso de las penas alternativas a la prisión -trabajos en beneficio de la comunidad y arrestos de fin de semana- contempladas en el Código Penal de 1995. El Gobierno del PP ha optado por la opción carcelaria, despreocupándose de facilitar las infraestructuras necesarias para el cumplimiento de estas penas alternativas. Pero más presos significan más prisiones, más funcionarios, más servicios y, en definitiva, más inversión pública. La sociedad española debe saber cuál es el coste real de esta política y si ello implica algún recorte en la prestación de otros servicios públicos.