El Gobierno pagará la renta mínima a mujeres maltratadas aunque no cumplan los requisitos

El Gobierno regional permitirá que las mujeres necesitadas y que hayan sufrido malos tratos en el hogar reciban la renta mínima de inserción (293 euros al mes) aunque no cumplan todos los requisitos que se exigen por ley para cobrar este subsidio. La Consejería de Servicios Sociales justifica esta medida, que ya había solicitado el PSOE el pasado noviembre, por considerar que las mujeres víctimas de malos tratos 'constituyen un colectivo de máxima desprotección y vulnerabilidad'. Para solicitar la ayuda de la Comunidad, las mujeres deben estar residiendo en un centro de acogida.

La medida será aprobada por el Consejo de Gobierno regional en las próximas semanas, según la Consejería de Servicios Sociales. El único trámite que queda es el informe preceptivo del Consejo de Estado.

Para solicitar el subsidio, las mujeres deben dirigirse al centro de servicios sociales municipal que corresponda a su domicilio. La trabajadora social de ese centro deberá ser la encargada de emitir un informe que acredite la situación de necesidad de la mujer, caso de que ésta no cumpla todos los requisitos para cobrar la renta mínima de inserción.

En 2001, según los datos facilitados por la Fiscalía de Madrid, se registraron 6.178 denuncias de violencia doméstica, un 37% más que en 2000. Los jueces dictaron medidas cautelares de alejamiento en 194 casos. Ese año murieron en la región nueve mujeres a consecuencia de la violencia doméstica: 'Una de las muertes fue la de una niña a manos de su madre, y dos madres a manos de sus hijas', especificó el pasado marzo, el día de la presentación de la memoria de la fiscalía, el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo.

La Ley de Rentas Mínimas de Inserción de la Comunidad de Madrid entró en vigor el pasado 1 de enero, tras ser aprobada por la Asamblea en diciembre de 2001. Para acceder a esta ayuda de 293 euros mensuales se deben cumplir los siguientes requisitos: residir y estar empadronado en la región; ser mayor de 25 años y menor de 65 -aunque las personas que no cumplan esta condición también podrán beneficiarse de la ayuda 'cuando tengan menores a su cargo o se encuentren en una circunstancia de orfandad absoluta, tutela o exclusión social'-; constituir una 'unidad de convivencia independiente' (familia) conformada, al menos, con seis meses de antelación a la solicitud y con ingresos mensuales inferiores a 293 euros (si la persona vive sola), 367,33 euros (en familias de dos miembros), 411,41 euros (familias de tres miembros) o 442,20 euros (en familias de cuatro o más miembros).

'Tutorías personalizadas'

Además de en la renta mínima de inserción, las mujeres maltratadas tienen prioridad a la hora de acceder a 'las actuaciones en materia de formación y empleo, educación, salud y vivienda que prevé el Plan contra la Exclusión Social de la Comunidad', según la Consejería de Servicios Sociales. Asimismo, tienen derecho a 'tutorías personalizadas orientadas a la incorporación al mundo laboral a través del Servicio Regional de Empleo, con prioridad a la reserva de cupo de plazas'.

Este programa también prevé el apoyo al acceso a la vivienda protegida pública, como alternativa de alojamiento, y la cobertura de las necesidades de transporte, comida y guardería para los hijos, 'de forma que su participación en procesos formativos tenga un coste cero', explican en la consejería. Esta cobertura abarca la beca de comedor para los hijos de más de tres años escolarizados, en la cuantía máxima (480 euros), tanto en centros públicos como concertados (de titularidad privada pero subvencionados con dinero público).

En noviembre de 2001, la diputada regional socialista Carmen García Rojas propuso en la Asamblea de Madrid, dentro de las enmiendas presentadas por el PSOE a la Ley de Rentas Mínimas, que las mujeres maltratadas tuvieran un subsidio en cuanto denunciaran un caso de violencia. El objetivo de esta propuesta era, según García Rojas, que las víctimas de los maltratos conyugales recibieran 'cuanto antes esta renta mínima, sin tener que esperar meses a su tramitación, de modo que ninguna de estas mujeres se vea obligada a aguantar en casa por carecer de medios de subsistencia'. Un día después de escuchar esa propuesta en la Asamblea, la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, respondió que la ley ya garantizaba 'esa ayuda económica a las víctimas de malos tratos'.