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La Agencia Nacional auditará y sancionará a toda la Universidad

Expertos ven este organismo como un mero instrumento de 'control' alejado de la UE

El Gobierno tiene reservado un papel decisivo en el rediseño de todo sistema universitario español a la futura Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANAEC), que según el criterio contrastado entre expertos de las 44 universidades, excede con creces el ámbito de la evaluación del rendimiento y la puesta en marcha de programas de calidad y supone un 'instrumento de control' que no tiene precedentes en ninguno de los incipientes modelos implantados en los países más desarrollados de la Unión Europea en los últimos cinco años.

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El Gobierno tiene reservado un papel decisivo en el rediseño de todo sistema universitario español a la futura Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANAEC), que según el criterio contrastado entre expertos de las 44 universidades, excede con creces el ámbito de la evaluación del rendimiento y la puesta en marcha de programas de calidad y supone un 'instrumento de control' que no tiene precedentes en ninguno de los incipientes modelos implantados en los países más desarrollados de la Unión Europea en los últimos cinco años. El futuro órgano asume prácticamente todas las competencias en materia de 'auditoría', 'evaluación', 'acreditación' y 'certificación' de 'todas las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado'; así como de 'los programas, servicios y gestión de los centros e instituciones de educación superior'. La Agencia Nacional tendrá además un componente claramente sancionador ya que: 'los títulos oficiales de las universidades, carecerán de validez, si no son acreditados'; 'los programas de doctorado que no hayan conseguido acreditación, no se impartirán'; y 'los títulos propios, así como los de instituciones extranjeras podrán seguir funcionando aunque no estén acreditados, pero deberán advertírselo a sus alumnos'.

Según la propuesta presentada hace dos semanas por el Director General de Universidades del Ministerio de Educación, Ismael Crespo -ante 147 expertos en el primer seminario de estas características organizado por la Cátedra Unesco de la Complutense de Madrid- el futuro órgano asume prácticamente todas las competencias en materia de 'auditoría', 'evaluación', 'acreditación' y 'certificación', además de 'recaer sobre la ANECA la exclusividad de la homologación de todas las titulaciones impartidas'. Unas competencias que hasta ahora correspondían al Consejo de Universidades, que si bien requería cambios, mantenía el equilibrio territorial y competencial al estar compuesto por una Comisión Académica (con rectores) y otra de Planificación (donde están el Congreso y las comunidades autónomas). De implantarse este modelo, la evaluación de las titulaciones dependerá en exclusiva de la 'recomendación (acreditado / no acreditado) que efectúe la Comisión de Acreditación de la ANECA al ministerio'. Algo que aleja a España aún más de los modelos europeos, y que el propio Crespo reconoce al calficar de 'pionero en Europa' la creación de un sólo organismo que asume 'los procesos de autoevaluación y evaluación externa y los de acreditación y certificación'.

El profesorado estará sometido a 'una evalucación de su actividad investigadora, docente y de gestión', para lo cual la ANECA creará 'una base de datos de evaluadores de la actividad investigadora que estarán en funcionamiento en 2003'. La evaluación 'previa a la contratación del profesorado' también será algo 'totalmente nuevo en España'. Y, por ende, en Europa, donde los procesos de evaluación son a posteriori y sobre resultados en base a criterios e indicadores consensuados y fijados por agencias independientes.

Entre 'las prioridades y objetitivos' de la Agencia destaca el uso que se hará de los resultados de los procesos de evaluación y acreditación en la confección de estadísticas y la distribución de parte del presuspuesto universitario, ya que estos podrán 'usarse para la rendición pública de cuentas, el marketing o el incremento de la financiación', así como para 'proporcionar información a las familias y a la sociedad sobre la calidad de los centros' y 'aportar información a las Administraciones para la toma de decisiones'. La Agencia, que estará en funcionamiento 'muy pronto', arranca con un presupuesto de 9 millones de euros (1.500 millones de pesetas) -es decir, a la manera de una Dirección General o Secretaría de Estado- lo que contrasta con las declaraciones de que se constituirá como una fundación.

'Conflicto de competencias'

La 'acreditación' no es una iniciativa novedosa del PP. Esta necesidad fue recogida y detallada en el capítulo VII del conocido Informe Bricall, del que su redactor y promotor del seminario citado arriba, Francisco Michavila, destaca que 'sólo se ha cogido el epígrafe'. Michavila señala que el debate puso de manifiesto 'dos visiones antagónicas entre el instrumento de control y de evaluación a priori del sistema universitario que pretende el Gobierno del PP, y los modelos expuestos en el seminario basados en los sistemas europeos de acreditación a posteriori, en base a resultados respecto a criterios, estándares e indicadores prefijados de común acuerdo y en colaboración los organismos profesionales competentes. Michavila aventura que el proceso emprendido por el ministerio anticipa 'un conflicto de competencias con las autonomías que tienen plenas competencias', en abierta sintonía con el planteamiento de la directora de la Agència de Qualitat de Catalunya, Gemma Rauret, que exigió coordinación al Gobierno. Éstos fueron los aspectos en los que hicieron hincapié expertos como los profesores Miguel Valcárcel, de Córdoba, o José Ginés Mora, de Valencia, quien subrayó que 'la nueva opción en Europa es la acreditación, centrada en títulos, enfocada a resultados y de carácter transnacional'. A lo que el profesor Mario de Miguel añadió 'la importancia del consenso' en el establecimiento de los criterios e indicadores y las 'amenazas' que planean si se opta 'por un marco teórico mal definido, criterios poco precisos o relaciones mal definidas con las agencias autonómicas'.

Zaplana y el modelo catalán

El Gobierno valenciano del PP, que preside Eduardo Zaplana, ha dado un paso similar al de CiU en Cataluña al remitir al Parlamento un proyecto de ley de coordinación y evaluación del sistema universitario, que contempla 'criterios comunes para establecer los procedimientos de admisión de estudiantes de las universidades públicas valencianas'. Esta decisión deja sin efecto la desaparición de las pruebas de selectividad prevista en la Ley Orgánica de Universidades (LOU) e implica el rediseño de un acceso homogéneo -como pedían los rectores- que evite discrecionalidad y garantice 'los principios de igualdad, mérito y capacidad', en el sentido descrito por el consejero catalán. Su desarrollo dependerá del nuevo Consejo Valenciano de Universidades, integrado por rectores, consejos sociales, patronal, sindicatos y estudiantes, además de los consejeros políticos.

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