El PSOE e IU se plantean recurrir ante el Constitucional la reforma del paro por decreto

Las direcciones del PSOE e Izquierda Unida consideran inconstitucional la decisión del Gobierno de aplicar mediante un decretazo la reforma de la protección por desempleo. Un método que para el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, 'huele a franquismo'. Los principales partidos de oposición analizan la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional porque consideran muy difícil que el Ejecutivo pueda justificar la 'extraordinaria y urgente necesidad' exigida por la Constitución para adoptar esa vía, ya que existe un superávit en las cotizaciones al paro de 3.000 millones de euros.

Los dos principales partidos de oposición están analizando el alcance de la decisión tomada el viernes por el Gobierno del Partido Popular de aplicar por la vía del decreto la reforma del desempleo, así como la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad. Ayer fue tratada por la presidencia general de IU y el lunes se abordará en la ejecutiva federal del PSOE, que también prepara iniciativas parlamentarias ante el decretazo del Ejecutivo, así como la presentación de mociones en los ayuntamientos para reclamar la marcha atrás de esa reforma.

El criterio común de los dos partidos es que no está justificada la urgencia requerida por la Carta Magna para aplicar por la vía del decreto medidas que afectan a los ciudadanos. El diputado y portavoz del PSOE en la Comisión Parlamentaria Constitucional, Diego López Garrido, denunció ayer 'la inconstitucionalidad flagrante y consciente en la que ha incurrido el Gobierno' al dar luz verde a la reforma y anunció que su partido 'tomará medidas'. López Garrido calificó de 'extraordinaria gravedad' que el Ejecutivo del PP apruebe por real decreto esas medidas 'de forma premeditada y sabiendo perfectamente que está vulnerando la Constitución'.

Ante esta situación, apuntó que la oposición y, por tanto, el PSOE 'debe adoptar medidas a la altura de la provocación gubernamental' y anunció que dichas medidas, que no quiso avanzar, 'se tomarán con respeto democrático en la ejecutiva socialista del próximo lunes'.

López Garrido cree que el Gobierno 'no solamente vulnera el artículo 28 de la Constitución cuando hace un ataque frontal a la libertad sindical para convocar una huelga', sino que además 'cae sin ninguna clase de dudas en la vulneración del artículo 86.1 de la Constitución, que dice que los decretos leyes sólo se pueden aprobar en caso de extraordinaria y urgente necesidad', algo que no se da en este caso, a su juicio.

Argumentos similares esgrimen los responsables de Izquierda Unida, que mantienen contactos con el PSOE para analizar conjuntamente la decisión del Gabinete Aznar. Su coordinador general, Gaspar Llamazares, aseguró ayer que 'es un decreto de excepción contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos democráticos de los diputados, de los ciudadanos y contra la Constitución'. Así lo afirmó al término de la reunión de la presidencia federal extraordinaria de IU, en la que se abordó la huelga general del 20 de junio convocada por las centrales y a la que asistieron los sindicalistas Lola Liceras (CC OO) y Toni Ferrer (UGT) para exponer la situación del enfrentamiento con el Gobierno. Los sindicatos creen que están fundamentados los argumentos para que los partidos puedan presentar un recurso.

Llamazares cree que la reforma 'huele a franquismo', quiebra las garantías democráticas y amenaza la sostenibilidad del modelo de Estado del Bienestar, por lo que considera necesaria una repuesta masiva de la ciudadanía. El coordinador general de IU confía en 'no tener que llegar hasta el límite de recurrir ante el Tribunal Constitucional' y en que la iniciativa del Gobierno, tras la convalidación del decreto ley, sea tramitada como proyecto de ley en el Congreso, para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas.

Para el dirigente ugetista Toni Ferrer tampoco existen razones para justificar la adopción de la norma por 'vía de urgencia'. Lola Liceras cree que tan importante como la forma es el fondo de las medidas. Por ello considera necesario divulgar los contenidos específicos de la reforma para que los ciudadanos sean conscientes de los efectos 'directos e inmediatos' en los derechos de los trabajadores en activo y parados.

La dirigente de CC OO aseguró que el decreto ley potencia la precariedad y la temporalidad laboral, ya que no dulcifica las propuestas iniciales en cuanto a los salarios de tramitación, penaliza a los trabajadores agrarios y dificulta su acceso a las prestaciones contributivas.