Detenido un funcionario de extranjería por cobrar por permisos de trabajo

Amadeo Salanova, un auxiliar administrativo que trabaja en la Oficina de Extranjeros de Valencia, fue detenido el jueves en su casa acusado de haber cobrado por la tramitación de permisos de trabajo y residencia a extranjeros a quienes posteriormente no entregaba. Fuentes del caso señalaron que la Delegación del Gobierno, de quien depende la Oficina, no tuvo conocimiento de las prácticas de este trabajador, que se pudieron prolongar durante meses -especialmente a lo largo del año pasado, con ocasión del proceso de regularización- hasta que llegó a los oídos del departamento que dirige Francisco Camps una denuncia presentada el miercoles por cuatro de las presuntas víctimas del funcionario.

Desde la Delegación del Gobierno, se señaló a este diario que el acusado tiene incoado un expediente disciplinario y ha sido suspendido de sus funciones. Además se hizo hincapié en que actuaba de forma aislada, y de espaldas al resto de funcionarios. En todo caso, no fue hasta que se presentó la denuncia, a principios de semana, cuando tomaron medidas contra el acusado, que se encuentra en libertad después de haber prestado declaración. Entonces se pusieron en contacto con la fiscalía y la policía ante la sospecha de 'haber cometido presuntas irregularidades en la gestión de expedientes susceptibles de constituir delito'.

Fuentes del caso apuntan que, junto a Salanova, ha sido detenida también una presunta colaboradora que, de acuerdo con las hipótesis que se barajan, podría haber sido la persona que hacía de gancho con las víctimas, todos ellos inmigrantes que deseaban regularizar su situación en España dentro del proceso habilitado para los extranjeros que llegaron al país antes del 23 de enero. Se trata de Concha Calatayud Cortés, trabajadora de una gestoría.

Las investigaciones partieron de la denuncia presentada por cuatro inmigrantes, representados por el abogado Ignacio Amat, según ha podido saber este diario. La cantidad que el acusado solicitaba a los extranjeros oscilaban entre los 30 euros -5.000 pesetas- y los 300 -50.000 pesetas- y la excusa que planteaba para solicitar dinero a cambio era las tasas que costaba la tramitación completa o la presentación de documentación adicional, un pago que, según las mismas fuentes, se realizaba a través de Calatayud.