El Consell avala a Emarsa y FGV por un total de 143 millones

El Consell acordó ayer conceder sendos avales a dos empresas públicas que suman 143 millones de euros. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) podrá asumir deudas por 65 millones para afrontar el coste de construcción de la línea 5 del metro de Valencia. La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Emarsa) solicitará 78 millones a crédito para ejecutar obras de depuración de aguas.

Los presupuestos de la Generalitat autorizan la concesión de avales a las empresas y entidades públicas por un total de 600 millones de euros. Hasta la fecha, el Consell ha permitido que Ràdio Televisió Valenciana consumiera 105 millones. FGV tiene previsto recurrir al crédito ajeno a lo largo de todo el año por un total de 120 millones de euros. El primer aval a FGV, por 65 millones, se relaciona con la construcción de la línea 5 de metro en Valencia.

Emarsa apenas tenía previsto acudir al crédito ajeno por un total de 66 millones a lo largo de todo el año. Pero el Consell desbordó ayer las previsiones y autorizó a Emarsa deudas por 78 millones de euros 'con objeto de financiar la construcción de instalaciones de agua, derivadas del plan director de saneamiento y depuración de la Comunidad Valenciana'.

Las nuevas deudas que soportan las arcas de Hacienda coinciden con la transferencia a las universidades públicas de cerca de 12 millones de euros para liquidar los intereses correspondientes a las obligaciones asumidas por las entidades académicas para financiar sus planes de inversiones.

El plan plurianual de financiación de infraestructuras de las universidades públicas valencianas se acordó en 1997. Las universidades públicas emitieron bonos por un valor superior a los 400 millones de euros y la Generalitat asumió el compromiso de pagar los intereses correspondientes y la liquidación definitiva de las obligaciones que se arrastra hasta 25 años.

Mando único

El Consell también aprobó el proyecto de ley de protección civil y gestión de emergencias cuya principal novedad es que extiende la figura del mando único, utilizada hasta la fecha para atajar incendios forestales, a todo tipo de emergencias. El consejero de Administración Pública asumirá la coordinación de todos los efectivos para garantizar la seguridad de la población en caso de catástrofe.