La juez imputa a Núñez tras la acusación fiscal de falsedad, cohecho y prevaricación

La magistrada de Barcelona que investiga la supuesta trama de corrupción en la Agencia Tributaria de Cataluña ha imputado en el caso a Josep Lluís Núñez Clemente, ex presidente del FC Barcelona y presidente del grupo inmobiliario Seteinsa. La decisión se produce después de que la juez atendiera la petición de la fiscalía, que solicitaba la imputación de Núñez 'por su posible participación en los hechos investigados en relación con el grupo Seteinsa, que pudieran constituir delitos continuados de falsedad, cohecho, prevaricación y fraude fiscal'.

La imputación de Josep Lluís Núñez ha sido acordada por la juez Elisabet Castelló, titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, en una providencia que se notificó ayer a las partes. La magistrada justifica la imputación 'a la vista de lo solicitado y de los argumentos expuestos' por el ministerio fiscal, y asegura que el ex presidente del Fútbol Club Barcelona y del citado grupo inmobiliario será citado a declarar 'en su momento'.

En síntesis, el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, firmado por María Teresa Gálvez y datado el 17 de mayo, sostiene que Josep Lluís Núñez es el máximo responsable del grupo Seteinsa (Servicios Técnicos y Administrativos Inmobiliarios, SA), y que detrás de estas siglas se esconde una amalgama de empresas que probablemente hayan defraudado a Hacienda. 'Seteinsa se ha configurado como una unidad económica diversificada en múltiples sociedades únicamente por razones de planificación fiscal', asegura el ministerio público en su escrito.

Josep Lluís Núñez Navarro, hijo del constructor, rechazó ayer, en declaraciones a EL PAÍS, las acusaciones de la fiscalía. 'Estas sociedades no figuran por motivos fiscales, sino porque Seteinsa es la administradora de otras empresas', afirmó. En este sentido, relató que Seteinsa agrupa a más de 150 sociedades porque cuando se vende una finca al grupo en muchas ocasiones se vende también la sociedad propietaria.

Indica también la fiscalía en el informe enviado a la juez que en los registros practicados durante la instrucción de la causa 'se ha evidenciado el importante control de Josep Lluís Núñez Clemente en la toma de las decisiones de peso en el giro social' de la sociedad. Así, se alude a un informe realizado por la consultoría Arthur Andersen para ese grupo inmobiliario en el que se propone 'una serie de operaciones para que obtenga las mayores ventajas fiscales a su patrimonio societario'. En esa propuesta de reestructuración del grupo, añade el fiscal, 'se plantea como condicionante básico el mantenimiento del control político de la empresa' por parte de Núñez, que actuaría de presidente ejecutivo.

El hijo del ex presidente del Barça sostiene, sin embargo, que su padre no es el gestor de las sociedades, aunque sí el propietario. Núñez Navarro también explicó que a finales de 1993 su padre fue nombrado presidente de Seteinsa a efectos únicamente honoríficos y que los verdaderos gestores de las empresas son él y su hermano Josep Maria. 'Mi padre nunca firmó nada ni intervino en la gestión de las sociedades. Las acusaciones de la fiscalía son infundadas', añadió.

Desde que se inició la tramitación de la causa hace más de dos años, las empresas del grupo Núñez y Navarro han sido registradas en dos ocasiones por la Guardia Civil. La primera, el 3 de mayo de 2001, cuando también fue registrado el domicilio particular del ex presidente del FC Barcelona, y la segunda el 18 de julio del año pasado. En la querella que dio motivo a la investigación judicial ya se mencionan de manera detallada las sociedades del grupo Núñez y Navarro y las actuaciones supuestamente delictivas que tuvieron los inspectores de Hacienda en Cataluña imputados en la causa. El responsable de ese departamento entre 1984 y 1994 fue José María Huguet, mientras que Ernesto de Aguiar fue delegado especial de Hacienda en Cataluña entre 1984 y 1988. La querella relataba que el inspector jefe adjunto de Hacienda, Roger Bergua, y los inspectores José Lucas Carrasco y Manuel Abella compraron pisos al grupo Núñez y Navarro en una época en la que las inspecciones a ese grupo acabaron con actas favorables a la empresa. En concreto, entre 1988 y 1999 se hicieron 274 actas a 49 firmas del grupo, 215 de las cuales las hizo Abella y 50 Bergua.

Cooperador necesario

La actuación de estos inspectores y la supuesta participación en los hechos de Josep Lluís Núñez es lo que ha llevado a la fiscal a considerar que los ex inspectores pudieron cometer los citados delitos continuados de falsedad, cohecho, prevaricación y fraude fiscal, en los que el ex presidente del FC Barcelona podría haber actuado como cooperador necesario. En este sentido, la fiscalía pide a la juez que encargue un informe pericial para esclarecer 'las irregularidades y en su caso los perjuicios producidos al erario público' en las inspecciones realizadas por Manuel Abella y Roger Bergua. Esa petición no ha sido contestada todavía.

'De lo investigado hasta el momento se deduce la existencia indiciaria de una posible facturación mendaz y continuada en el tiempo que ha servido de instrumento a una serie de ingresos procedentes del grupo Núñez y Navarro, a cambio de concertarse José Lucas y Manuel Abella para ofrecer al grupo un trato fiscal irregular y a su conveniencia', asegura la querella que presentó la fiscal.

Josep Lluís Núñez Navarro aseguró que en los últimos años han pasado más de 200 inspecciones realizadas por 60 funcionarios distintos, lo que hace imposible la existencia de una trama de corrupción. El hijo del ex presidente barcelonista también está imputado en este proceso acusado de haber intercedido para la concesión de un préstamo hipotecario al inspector Manuel Abella.

La fiscal alude en su petición de imputación de Núñez a la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual el imputado tiene que ser llamado a declarar como tal cuando de las diligencias judiciales se deduzca que haya podido participar en un delito. Añade la fiscal que desde que se produjeron los registros domiciliarios se han analizado todos los documentos intervenidos y que, una vez estudiados, se ha llegado al convencimiento de que hay indicios de que Núñez pudo delinquir. Por eso pedía ahora su imputación.