El fiscal sostiene que los tres vigilantes acusados de retener y vejar a un joven marroquí actuaron por motivos racistas

El fiscal sostuvo ayer que los tres vigilantes de seguridad acusados de retener ilegalmente, robar y humillar a un joven marroquí en la estación de Renfe de Irún en abril de 2001 actuaron movidos por la intención de 'pasárselo bien a costa de una persona de diferente raza'.

Los hechos se remontan a la madrugada del 1 de abril de 2001, cuando M. A. Z., de 23 años y estudiante de Filología Hispánica en Tetuán, acudió a la estación para tomar un tren hacia Barcelona. Según la calificación fiscal, J. M. M. C, que trabajaba como vigilante, llamó por teléfono a sus compañeros J. A. S. S. y J. I. B. G., que estaban fuera de servicio, y les pidió que acudieran al lugar, porque tenía 'un moro para pasar un rato'.

El propio agredido relató el lunes en la vista oral que, cuando se encontraba en el vestíbulo de la estación, dos personas vestidas de paisano, seguidas del vigilante de servicio, se acercaron a él y se identificaron como agentes secretos antiterroristas. A continuación, explicó, le encerraron en una oficina, le obligaron a desnudarse, le esposaron y le sustrajeron una cámara de vídeo, un teléfono móvil y 55.000 pesetas.

El acusador público, que solicita un total de 35 años de prisión para los tres imputados, subrayó ayer, durante la presentación de los informes finales, que los acusados 'privaron de libertad' a M. A. Z. y 'le degradaron por el mero hecho de ser de otra raza', si bien, 'aprovechando la ocasión, le robaron'. El fiscal, que pide también la inhabilitación de los procesados durante el tiempo de condena, así como que indemnicen a la presunta víctima con 9.015 euros, reconoció que las penas que reclama son 'muy elevadas'. Pero las justificó alegando la 'especial repulsa' que provoca el que las vejaciones fueran cometidos por agentes de seguridad aprovechándose de su condición.

El abogado del joven, que demanda un total de 22 años de cárcel, respaldó las apreciaciones del fiscal. La defensa de J. A. S. S. sólo admitió el delito de robo, por el que solicita seis meses de prisión. Los letrados de los otros dos acusados pidieron la libre absolución de sus representados.