El informe del Gobierno sobre la Ley de Partidos es anterior a los últimos cambios

El informe jurídico elaborado por tres prestigiosos profesores de la UPV, y en el que basó el lunes sus argumentaciones contra la Ley de Partidos el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, fue elaborado con anterioridad a los últimos acuerdos adoptados la semana pasada por el PP y el PSOE, que cambian sustancialmente el proyecto inicial del Gobierno de Aznar.

Fuentes del Departamento de Justicia aseguraron el lunes, tras la valoración por el consejero Azkarraga de la ley en rueda de prensa, que los informes se actualizaron a última hora, entre el jueves y el viernes pasados, y que se habían 'tenido en cuenta' los acuerdos alcanzados en Madrid entre el Gobierno y el PSOE y contemplado las modificaciones que traerán consigo. Esta afirmación se contradice con la fecha de entrega del estudio de los tres especialistas, que fuentes universitarias conocedoras del informe sitúan en la semana anterior a los acuerdos.

Algunas de las fuentes consultadas señalan que el estudio fue entregado al Gobierno el 8 de mayo. El Departamento de Justicia no quiso el lunes facilitar el informe, aunque en un primer momento el propio consejero mostró su disposición a hacerlo.

La base sobre la que han trabajado los tres profesores autores del informe, José Manuel Castells, catedrático de Derecho Administrativo, Gurutz Jáuregui, catedrático de Derecho Constitucional y Juan Ignacio Muñagorri, profesor titular de Derecho Penal, fue la única redacción existente del proyecto de ley, la presentada en su día por el Gobierno. Los acuerdos alcanzados tanto con el PSOE como, previsiblemente, con CiU, introducirán cambios en ese texto, por la vía de las enmiendas durante su debate en el Congreso de los Diputados.

Las fuentes universitarias consultadas auguran, sin embargo, que los cambios que se introduzcan en la ley, por ahora no plasmados en un texto y sólo divulgados en los medios de comunicación, no afectarán a lo fundamental de las argumentaciones en contra ofrecidas en su informe por los tres especialistas vascos.

Por otra parte, y según aclaró ayer tras la rueda de prensa habitual de los martes el consejero de Interior, Javier Balza, el Gobierno no podrá recurrir la ley ante ninguna instancia judicial europea, tal y como había apuntado el lunes Azkarraga, ya que sólo los afectados directamente por una norma tienen, a título individual o como partido, el derecho de acudir al Tribunal de Justicia de Estrasburgo. El Gobierno decidirá qué acciones a su alcance puede emprender una vez que la ley sea aprobada. Parece probable que el Ejecutivo se abstenga de plantear recurso de inconstitucionalidad, manteniendo una postura que adoptó en 1994 por considerar parciales las sentencias del TC, pero sí podría hacerlo el Parlamento.