San Fernando se opone a la llegada de vertidos tóxicos desde Valladolid

El pleno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, donde se ubica el único vertedero de seguridad de la región, aprobó ayer, con el respaldo de los tres grupos municipales (IU, PSOE y PP), una moción de rechazo al traslado desde el vertedero de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) de 300 toneladas diarias de residuos tóxicos y peligrosos al depósito madrileño durante un mes. El vertedero vallisoletano permanecerá cerrado ese tiempo por problemas administrativos, y la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ha aceptado recibir sus residuos durante ese plazo 'por solidaridad'. Sin embargo, los cuatro ediles del PP en San Fernando de Henares discrepan de la 'solidaridad' esgrimida por sus compañeros del Ejecutivo que preside Alberto Ruiz-Gallardón.

La moción, presentada por el concejal de Medio Ambiente, Joaquín Martínez, de IU, instaba al pleno a mostrar su 'rechazo a la utilización del depósito de seguridad de San Fernando para almacenar los residuos tóxicos y peligrosos de Castilla y León'. Igualmente se exigía que se facilitase al Ayuntamiento 'toda la información relativa a los hechos y que se estudien otras alternativas', ya que los acuerdos entre Madrid y Castilla y León -ambos gobernados por el PP- se han llevado con 'opacidad' y ofreciendo 'nula información'.

Martínez manifestó ayer que los residuos que actualmente se entierran en el vertedero sanfernandino son sometidos a un proceso físico-químico de neutralización en la planta de Valdebebas (Barajas), dependiente de la Comunidad. 'Sin embargo, no tenemos constancia de que los que procedan de Valladolid sean sometidos a un proceso semejante', indicó el concejal.

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente del grupo socialista en la Asamblea, Francisco Garrido, propone que la Comunidad de Madrid envíe en el futuro a Castilla y León la misma cantidad de residuos que esta comunidad va a depositar en San Fernando.

Solidaridad

Garrido mantiene que 'la solidaridad entre comunidades es necesaria en momentos críticos, pero también ha de ser correspondida'. Por eso, defendió que no sólo Madrid pueda devolver al vertedero de Valladolid las cantidades de residuos recibidas una vez que solucione sus problemas administrativos, sino también que Castilla y León costee los gastos de transporte.

El consejero de Medio Ambiente, Pedro Calvo Poch, manifestó el lunes que la asunción de estos residuos se hace 'por solidaridad' hacia Castilla y León. 'Si medioambientalmente es viable la recepción de los residuos en Madrid, no vamos a permitir que dejen de funcionar las industrias de Castilla y León', afirmó. El socialista Garrido recordó que la capacidad de la planta de San Fernando es sólo de 10 años, y consideró que este plazo no se tiene por qué 'acortar'.

La consejera de Medio Ambiente de Castilla y León, Silvia Clemente, cuantificó en unas 6.000 las empresas que utilizan el clausurado vertedero de Santovenia y aseguró no tener constancia 'de problemas concretos [en esas empresas] a día de hoy'.