Agua gratis con el aval del Plan Hidrológico del PP

Las prisas del Gobierno del Partido Popular y de Convergència i Unió por ejecutar el trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos del Ebro que prevé el Plan Hidrológico Nacional (PHN) no han conseguido despejar las dudas sobre su más directo precedente: el minitrasvase a Tarragona. La oposición generada por el conflicto del PHN ha puesto en tela de juicio este minitrasvase, que empezó a funcionar hace 13 años, cimentado sobre la base legal de trasvasar al norte de la provincia el agua recuperada gracias al revestimiento de canales y acequias del delta del Ebro, que evita filtraciones al subsuelo. Ahora los partidos de izquierdas y los regantes críticos van a trasladar a los tribunales, por 'ilegal', un convenio firmado por la Generalitat que le permite disponer de toda la concesión de agua -cuatro metros cúbicos por segundo- para prolongar el minitrasvase hasta el área metropolitana de Barcelona, pero sin haber terminado las obras comprometidas de revestimiento de los canales.

Hace poco más de un año que el entonces consejero de Medio Ambiente, Felip Puig, firmó un convenio con las comunidades de regantes del delta por el cual el organismo gestor del minitrasvase podía extraer la totalidad de la concesión, fijada en la ley de 1981, cuando hasta la fecha se han utilizado como máximo unos tres metros cúbicos. A cambio, el Gobierno catalán se comprometía a ejecutar actuaciones en las infraestructuras de riego del delta por un valor de 30.050.605 euros (5.000 millones de pesetas) y asumía el pago anual a las comunidades de regantes de un canon de mantenimiento de 1.803.036 euros.

Pero este convenio también permite a la Generalitat rehuir el resto de las inversiones necesarias en el delta, cuantificadas en 42.070.847 euros más, según cálculos de los regantes y de la Plataforma para la Defensa del Ebro. El Gobierno catalán ha trasladado estas inversiones a cuenta del Plan Integral de Protección del Delta del Ebro, nacido del PHN, con lo que endosa su coste al Ejecutivo central. Con ello, el Gobierno de Jordi Pujol consigue eludir sus compromisos de obras, según la plataforma, y se asegura la disponibilidad de una concesión del minitrasvase para conectar la red del Consorcio de Aguas de Tarragona con la que abastece al área metropolitana de Barcelona, Aguas Ter-Llobregat, como avanzadilla al definitivo trasvase previsto en el PHN.

La noticia de la existencia del convenio ha causado estupor en la plataforma, los sectores de los regantes próximos al movimiento antitrasvase y los partidos de izquierdas de estas comarcas, que no dudan en calificar la operación de 'compra de voluntades' y de antesala del trasvase a Barcelona. 'Un contrato, cuando no se cumple, se puede rescindir', arguye Josep Guinovart, uno de los regantes vinculados al movimiento antitrasvase que no duda en tachar el acuerdo de ilegal. Según Guinovart, la Generalitat ha pretendido modificar la ley con un convenio que la contraviene. Por una parte, la extracción de agua está estrechamente ligada al revestimiento de canales, por lo que cualquier ampliación del caudal debía ir acompañada de estas obras y ser aprobada por el Gobierno central. Pero ni los revestimientos han concluido ni el Ejecutivo del PP ha autorizado tales incrementos. La última vez fue a finales de los ochenta y se permitía extraer hasta 1,9 metros cúbicos por segundo, superados con creces por el consumo de los habitantes abastecidos por el ministrasvase.

'Hay una parte importante de infraestructuras por realizar y en algunas zonas del delta no llega agua para inundar el arroz y se bombea de los desagües', afirma el parlamenario socialista Josep Maria Simó, quien subraya que las obras realizadas hasta ahora sólo permiten la extracción de dos metros cúbicos.

Estas presuntas irregularidades, apoyadas por tres informes jurídicos encargados por los partidos de izquierdas y la plataforma, han sido discutidas en la comisión de política territorial del Parlament tras el acuerdo alcanzado por el PSC, ERC e ICV. El bloque de izquierdas presentó una proposición no de ley por la que reclamaba la anulación del convenio. Pero CiU y sus socios del PP hicieron caso omiso de estos argumentos y en la última reunión de la comisión decidieron zanjar el asunto votando en bloque en contra de la moción.

El actual consejero de Medio Ambiente, Ramon Espadaler, negó en la comisión las contradicciones entre los textos legales, eso sí, admitiendo la primacía de la ley sobre el convenio. El consejero desvió el debate hacia la necesidad de prolongar el ministrasvase hasta Barcelona y trasladando la ejecución de las obras aún no acometidas al Plan Integral para la Protección del Delta. Ante el cariz que ha tomado la situación y una vez agotada la vía política, la oposición y el movimiento antitrasvase preparan ya el proceso para invalidar el convenio mediante la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia.

La aplicación del convenio, sin embargo, sigue adelante, aunque todavía no haya sido publicado en el Diario Oficial de la Generalitat. El consorcio del minitrasvase ya prevé en sus presupuestos para este año las compensaciones a las comunidades de regantes por la concesión de cuatro metros cúbicos. Éstas, por su parte, están encantadas porque, aseguran, las inversiones se han incrementado ha 96.161.936 euros y sobre todo porque suponen una importante inyección de liquidez en sus arcas.