Sin ton ni son
Los sindicatos UGT y CC OO han convocado huelga general para el 20 de junio, víspera de la cumbre europea de Sevilla, en protesta por la reforma del sistema de protección del desempleo propuesto por el Gobierno y que, en síntesis, endurece las condiciones que se exigen a los parados para percibir el subsidio. La convocatoria no es una sorpresa. Gobierno y sindicatos han venido cruzando amenazas, el uno para asegurar que la reforma se aprobará pase lo que pase y los otros para exigir que se retire sin condiciones. La primera consideración es que la voluntad de negociación ha brillado por su ausencia y la factura se pagará, si nadie lo remedia, el mes próximo.
El recurso a la huelga general es el último al que se debe recurrir en un conflicto de intereses. Un gesto tan extremado debe reservarse para actuar frente a un cataclismo político o medidas hostiles continuadas durante años. Dicho lo anterior, lo cierto es que gran parte de los daños que puedan producirse el 20 de junio son imputables a la inoportuna estrategia del Gobierno. Durante más de una legislatura, ha exhibido con demasiada grandilocuencia como uno de sus grandes activos el entendimiento con las fuerzas sindicales; política que, entre otras cosas, ha rendido el beneficio de la moderación salarial. De repente, quizá para reforzar la idea de que se impulsa alguna reforma estructural, el Ministerio de Trabajo se descolgó con una propuesta de reforma del seguro de desempleo que no venía urgida por crisis presupuestaria alguna -al contrario, el INEM presenta un fuerte superávit- ni exigida por imperativos legales.
Ni hay razón alguna para que el contenido de la reforma no sea pactado con los sindicatos, ni tiene sentido romper una estrategia de buen entendimiento, ni está claro que todas las situaciones de percepción del desempleo generen fraude o desidia en la búsqueda activa de puestos de trabajo. Las últimas cifras conocidas parecen indicar más bien que las resistencias a aceptar empleos se producen cuando el parado debe desplazar su lugar de residencia. Ese problema no se resuelve sólo obligándole a aceptar cualquier puesto, sino aplicando reformas en el mercado de la vivienda para abaratar su compra o bajar el alquiler.
Si la huelga se mantiene y el próximo 20 de junio los ciudadanos se encuentran frente al pulso Gobierno-sindicatos, estaremos ante un despropósito descomunal. No rebaja su tamaño el que los sindicatos puedan argüir que tienen más razón que el Gobierno. Será un despropósito cometido sin ton ni son.
