El Gobierno sanciona con 12.020 euros a un geriátrico de Alpedrete

Un portavoz de la Consejería de Servicios Sociales, dirigida por Pilar Martínez, explica que la sanción a Los Berrocales es firme 'porque ya se ha cumplido el trámite de audiencia a los responsables del centro'. 'A partir de ahora este geriátrico será objeto de un especial seguimiento', añade esta misma fuente.

Sin embargo, Carmen Fernández, directora de esta residencia abierta en 1999 en la plaza de Guadarrama de Alpedrete, asegura que se enteró de la sanción ayer mismo, por la llamada de este periódico. 'En febrero vino un inspector y nos dijo que debíamos subsanar una serie de cosas que, para su siguiente visita ya estaban arregladas. Después no hemos vuelto a saber nada más', explica.

'Es verdad que teníamos un anciano más de los permitidos, no cuatro, y también que estábamos reformando una habitación ocupada por un mayor, pero claro, ¿qué íbamos a hacer, echarle a la calle?', puntualiza Fernández. 'Los problemas de humedades estaban arreglándose al llegar el inspector y los de la temperatura los subsanamos después. Respecto a los menús, sí tenían supervisión de los médicos aunque no su firma', añade.

'Lo que no es cierto es lo del personal sin cualificar, sólo había una persona en esa situación', concluye la directora de este geriátrico cuyas plazas cuestan de 733 a 1.153 euros al mes, según el estado físico del residente. Ella atribuye las últimas visitas de la inspección 'a las denuncias presentadas por una ex trabajadora'.

Las denuncias por presuntas irregularidades en residencias de ancianos de la región han aumentado un 67% en dos años: en 1999 hubo 97 quejas, frente a las 162 de 2001. En 2001 se iniciaron 88 expedientes sancionadores, casi el triple de los 35 de 1999. Una cuarta parte de estas denuncias se debe a problemas higiénico-sanitarios, y el resto, a falta de cualificación del personal y a deficiencias en la alimentación.

Servicios Sociales considera que este aumento de las denuncias se debe a que los familiares de los mayores cada vez son más exigentes sobre la calidad que deben de tener estos centros y no a un empeoramiento de sus condiciones. La oposición cree, sin embargo, que este incremento de las quejas coincide con la tendencia creciente del Gobierno regional de delegar en el sector privado la gestión de residencias de ancianos.