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Tribuna:

La mesa electoral está servida

Un año y medio antes de agotarse la legislatura en Cataluña, la mesa electoral está ya completamente servida y las tareas cotidianas de gobierno y las parlamentarias, tanto legislativas como las de control, están condicionadas por las tensiones que, como una servidumbre, acostumbran a acompañar a los intereses electorales de partido. Ante este panorama, es legítimo preguntarse si el retraso en concretar la convocatoria no va a deteriorar el contenido de los platos ya cocinados y a enfriar el interés de los ciudadanos por los menús que se les ofrecen. Tanto más cuanto que los medios de comunicación nos transmiten, entretanto, anécdotas chocantes. Un ejemplo: el encuentro de dos representantes de partidos políticamente confrontados en el mismo cursillo de pedagogía electoral, que facilita, a un alto coste, la multicolor cultura norteamericana -que, por cierto, registra los porcentajes más altos de abstención-. Otro: los esfuerzos genéticos de algunos dirigentes, que ofrecen públicamente el estudio de su ADN para probar ante la opinión pública sus derechos históricos a reclamar para sí todo lo bueno que se ha hecho en Cataluña.

El origen de este microclima que agita el oasis catalán hay que buscarlo en el anuncio de Jordi Pujol de su renuncia a encabezar la futura propuesta electoral de CiU y la subsiguiente proclamación solemne de Artur Mas como candidato a la presidencia de la Generalitat, proclamación que hace pocos días se ha complementado con la nominación de Duran i Lleida como segundo en la lista electoral. Lógicamente, no han esperado las demás fuerzas políticas catalanas a entrar en liza, a excepción del PPC, sabedor de que tiene en sus manos la llave para evitar o provocar un avance electoral según convenga a los intereses de la estrategia impuesta por el presidente Aznar, que tiene de hecho la última palabra en una decisión que paradójicamente corresponde formalmente a un presidente tan nacionalista como Jordi Pujol.

En este contexto, las elecciones presidenciales francesas han sacudido la opinión pública catalana, como toda la europea, y, después de la unanimidad de los líderes catalanes en denunciar las propuestas fascistas de Le Pen y expresar la consternación por los altos porcentajes alcanzados en la Catalunya Nord por el líder ultraderechista, los resultados de la segunda vuelta han sido recibidos con una sensación de alivio. Sin embargo, y aun siendo cierto que la sana reacción de los ciudadanos franceses ha demostrado que en situaciones de emergencia se movilizan para defender la democracia frente al fascismo, sería irresponsable no tener en cuenta las duras enseñanzas de la primera vuelta, enseñanzas que, sin caer en mimetismos superficiales, deberían estar presentes al analizar el prolongado escenario preelectoral de Cataluña. Un escenario centrado en la lucha entre partidos que podría estar propiciando el desinterés de la sociedad hacia el compromiso político activo y comportar, como ha sucedido en Francia en la primera vuelta, no sólo la abstención, sino también opciones electorales que expresen la pérdida de confianza global en el sistema.

Sin dejar de lado la importancia de otros factores en el análisis de las elecciones francesas, es innegable que lo que más destaca es el divorcio entre sociedad y política, como recogía José Vidal-Beneyto en un artículo publicado en la edición de EL PAÍS del pasado día 4, en el que informaba de que Gérard Courtois había calculado que 'tres de cada cinco franceses se han pronunciado en la votación del 21 de abril no por el fascismo, sino contra el sistema político por el que se rigen'.

Si queremos extraer algunas consecuencias de las elecciones francesas, creo que es fundamental tener en consideración la necesidad de evitar que el peligro de esta ruptura político-electoral adquiera protagonismo en una Cataluña en que, demasiado a menudo, el maratón electoral emprendido se parece más a una riña entre partidos empeñados en desprestigiarse que a un esfuerzo por impulsar una acción legislativa, un control riguroso del Ejecutivo o una acción de gobierno al servicio de todos los ciudadanos, a los que se deberían ofrecer constantemente, en la práctica, vías eficaces para la participación.

Hoy es urgente y necesario contribuir a la plena recuperación del valor ético y participativo de la política democrática. Es significativo que en Francia los primeros gestos en esta dirección hayan partido del mundo de la cultura, pero la mayor responsabilidad nos corresponde a quienes estamos más próximos a las tareas políticas. No hay que confundir las exigencias de rigor ante la corrupción con las insinuaciones ambiguas, hay que dar salidas positivas a los grandes problemas que preocupan a los ciudadanos, como la seguridad en el trabajo y en la convivencia social, y hay que ofrecer respuestas progresistas al fenómeno de la emigración, evitando que las repercusiones negativas recaigan en las espaldas de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. En fin, hay que hacer política mirando a los ciudadanos en lugar de buscar la paja en los ojos del contrincante.

Antoni Gutiérrez Díaz es miembro de ICV

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de mayo de 2002