Una ley obligará a 600 empresas a fuertes inversiones contra la polución

La futura ley estatal de Prevención y Control Integrados de la Contaminación obligará a 4.000 empresas de toda España a hacer inversiones en nuevas tecnologías para la mejora de la calidad ambiental por un coste de 5.000 millones de euros (833.000 millones de pesetas). Y más del 15% de ellas, unas 600, se encuentran en la Comunidad Valenciana, según explicó ayer José Marí Olano, secretario general técnico del Ministerio de Medio Ambiente.

Olano hizo estas manifestaciones ayer en el Palau de la Música de Valencia, durante la IV Jornada Valencia Sociedad de la Información, un foro de encuentro anual previo a la tradicional Noche de las Telecomunicaciones, que se celebrará hoy. Durante una conferencia sobre las nuevas tecnologías y la calidad ambiental, el secretario general técnico del ministerio explicó a los empresarios valencianos cómo repercutirá la futura norma a los centros de producción.

Según dijo, la ley, que previsiblemente se aprobará antes de verano en cumplimiento de una directiva europea de 1996, es la norma medioambiental más importante que hasta la fecha se ha proyectado nunca en España, hasta el punto, aseguró, que al igual que existe una Ley General Tributaria o una Ley General de las Telecomunicaciones, el texto legal que está a punto de aprobarse puede ser calificado como la Ley General del Medio Ambiente.

De hecho, la ley obligará a las grandes empresas, las susceptibles de causar una mayor contaminación, a realizar una revolución tecnológica para adecuar sus emisiones a las normas europeas más exigentes y, en materia de telecomunicaciones, incorporar los sistemas informáticos que permitan conectarse con una base de datos en tiempo real conocida como inventario de emisiones o European Pollutant Emission Registrer (EPER).

Azulejeras de Castellón

Olano aseguró que adecuarse a la ley supondrá una inversión de 5.000 millones de euros (casi un billón de pesetas) y afectará a 4.000 centros de producción de toda España, de los que algo más del 15% se sitúan en la Comunidad Valenciana. Según el responsable del ministerio, las más afectadas serán las empresas azulejeras de Castellón, dado el carácter de sus emisiones. Tendrán que darse prisa, porque la ley española da de plazo para adecuar sus sistemas productivos hasta octubre de 2007.

La implantación del registro de emisiones obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a recopilar datos de hasta 50 sustancias contaminantes procedentes de las industrias y a introducirlos en un sistema informático que permita un conocimiento actualizado de la calidad del aire. Así, además de conocerse en todo momento las emisiones de cada país para incentivar la mejora de la calidad atmosférica, se satisface el derecho a la información ambiental de los ciudadanos.

Olano animó a los empresarios a adecuarse rápidamente a la directiva dado que a partir de 2007 será una obligación pero hasta ese momento se podrán beneficiar de numerosas subvenciones europeas. Por la tarde, la jornada se centró en la futura red de satélites Galileo y en los sistemas de navegación.