ANÁLISIS | NACIONAL
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

A la orden del Gobierno

EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (CGPJ) resolvió el pasado miércoles por mayoría (los 11 votos del PP con el deferente refuerzo del vocal de CiU) la vuelta a la magistratura de Liaño, condenado por el Supremo el 15 de octubre de 1999 -como autor de un delito continuado de prevaricación- a la pena de 'inhabilitación especial para empleo o cargo' durante 15 años 'con la pérdida defintiva del cargo'. Culmina así la escalada gubernamental de arbitrariedades orientadas a ese propósito: si un dicho inglés afirmaba que el Parlamento puede hacerlo todo menos cambiar de sexo a una persona, el CGPJ acaba de mostrar una omnipotencia comparable al devolver la toga a un juez expulsado de la carrera por dictar a sabienda resoluciones injustas y con antecedentes penales hasta 2005.

La mayoría del Consejo General del Poder Judicial ordena el reingreso en la carrera de un magistrado indultado condenado por prevaricación sin aguardar a la cancelación de sus antecedentes penales

La connivencia o el aprovechamiento -cuando no la inspiración- del Poder Ejecutivo en la instrucción prevaricadora del sumario Sogecable, abierto maliciosamente por Liaño en febrero de 1997, comenzó con la utilización de un documento de origen gubernamental como justificación de la denuncia y prosiguió con el tendencioso comportamiento del fiscal Gordillo durante cuatro meses de diligencias sumariales. La largo mano gubernamental se hizo aún más evidente cuando el fiscal Luzón asumió descaradamente la defensa de Liaño -querellado por prevaricación- ante el Supremo. El atrabiliario indulto del Consejo de Ministros de 1 de diciembre de 2000 en favor de Liaño vio reducido su alcance por el Supremo pocas semanas después: según la Sala, el derecho de gracia nunca se puede hacer extensivo a la pena cumplida, en este caso la pérdida definitiva de la carrera. La omnipresencia del Gobierno en el caso Liaño se hizo de nuevo visible con su apelación -y presión- al Tribunal de Conflictos para torcer el brazo al Supremo; la sentencia de 13 de junio de 2001 de ese extraño órgano mixto judicial-administrativo pastoreado por el presidente del Supremo (traspasado poco después como un futbolista de lujo al Constitucional) dio la razón al ministro de Justicia y encomendó al CGPJ la tarea de fijar las condiciones para la vuelta de Liaño a la carrera una vez cancelados -el año 2005-sus antecedentes penales.

La mayoría del CGPJ ha desempeñado el papel previamente escrito que le correspondía en esta tragicomedia político-jurídica: superar el último -pero no menor- obstáculo que podría impedir al magistrado prevaricador albergado en el Registrado de Penados la hazaña de volver al escalafón de inmediato. Una retorcida interpretación de la reforma, en 1994, de la Ley Orgánica del Poder Judicial -otro ejemplo de las abundantes chapuzas perpetradas por Belloch a su paso por el Ministerio de Justicia- ha servido de inconvincente coartada a ese despropósito jurídico; algunos vocales de la mayoría del CGPJ se han considerado incluso obligados a presentar excusas a la opinión pública -con azúcar es peor- ante la 'alarma social' suscitada por el esperpéntico espectáculo del triunfal regreso a los tribunales de un magistrado reo de dictar resoluciones injustas y con antecentes penales sin cancelar.

El Pacto por la Justicia que tan incautamente firmaron hace unos meses los socialistas con el PP regala, así pues, a los ciudadanos la ominosa eventualidad de caer bajo la férula de un magistrado culpable de haber abusado conscientemente de sus poderes. Pero los destrozos causados por las irrupciones del Gobierno de Aznar en la delicada maquinaria del Estado de Derecho no se circunscriben a este caso particular. El creciente control del Gobierno sobre los órganos constitucionales y las entidades reguladoras y de control está perturbando hasta tal punto los equilibrios del sistema democrático que las instituciones estatales empiezan a ser vistas como terminales subalternas del Ejecutivo. Tras el papelón desempeñado por el CGPJ en el caso Liaño, le toca ahora el turno al Constitucional, enfrentado a la tarea de resolver el recurso de amparo de un magistrado condenado por prevaricación y con antecedentes penales que ha vuelto a la carrera judicial gracias al empeño de un Gobierno excelente pagador -eso sí- de sus deudas.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS