La falta de plazas impide que 33 menores puedan cumplir la condena de internamiento en Andalucía

Los centros de internamiento de jóvenes de Andalucía han colgado el cartel de completo. Treinta y tres menores, condenados en sentencias firmes por delitos tales como agresiones sexuales o lesiones, no han podido iniciar el cumplimiento de la pena por falta de plazas. Los condenados esperan turno en sus domicilios, bajo la tutela paterna, para dar cumplimiento a la sentencia. El incremento de los ingresos ha sido vertiginoso. El 10 de febrero los centros de menores de Andalucía albergaban a 223 personas. A finales del mes pasado la cifra se había elevado ya a 267.

Los recursos para menores de la Consejería de Asuntos Sociales han sido sobrepasados con colmo. La prueba más evidente son los 33 condenados que aguardan plaza libre para cumplir la condena. El mayor número, diecinueve, se concentra en Cádiz, cuyo ámbito jurisdiccional abarca también la comunidad de Ceuta. Le sigue Huelva, con seis; Córdoba, con cuatro; Jaén, con tres, y Sevilla con un solo caso.

La ley del Menor establece que en estos casos el joven condenado debe permanecer bajo la tutela de sus padres. En la hipótesis de que sea extranjero, esa misión corresponde a la Junta de Andalucía. El menor, además, no puede permanecer indefinidamente a la espera de cumplir una condena. La prescripción se produce a los tres años cuando las condenas de reclusión superen los dos, y a los dos años en las hipótesis restantes.

Deuda con la ley

En un número no determinado de casos, las personas que aguardan zanjar su deuda con la ley superan con creces los 18 años de edad. Se trata de los casos llamados de 'derecho transitorio', esto es, los jóvenes que antes de la entrada en vigor de la ley tenían la consideración de mayores de edad y luego volvieron a la minoría. El caso de los cuatro condenados que esperan una plaza libre en Córdoba es ilustrativo. Uno de ellos, condenado por robo con violencia, tiene 20 años y distintos antecedentes. Otros dos, de 19 y 17 años, lo fueron por agresión sexual. El cuarto, con veinte, espera cumplir condena por un delito de lesiones. Los cuatro tienen antecedentes. Pero si los casos concluidos, o en vía de finalización, ilustran la carga de los centros de menores, los datos sobre diligencias y asuntos abiertos en los juzgados de Menores alarman aún más. Según datos recogidos por la Fiscalía del TSJA, entre el uno de enero y el 25 de abril pasados se abrieron 6.526 diligencias preliminares, es decir, procesos iniciales de investigación que pueden convertirse en una fase posterior, si se considera punible la conducta, en expedientes de reforma.

De estos expedientes se incoaron 1.770. Al término de la fecha en que se hizo el balance, había pendientes 4.986 preliminares y 3.986 de reforma.

¿A qué es achacable el fuerte incremento de órdenes de internamiento? La presidencia del TSJA y el propio consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, lo han imputado a los fiscales que, dicen, están utilizando este camino en lugar de las numerosas fórmulas alternativas a la reclusión.

Jesús García Calderón, fiscal jefe del TSJA, cree que aún no se puede establecer si la diferencia de internamientos entre una provincia y otra se debe a sus propias características criminales o al empleo de un criterio distintos por los fiscales que, luego, es ratificado por el juez.

'El número de internamientos aún es pequeño para conocer este dato. El algún caso el aumento se debe a que un hecho delictivo corresponde a varios jóvenes. Es pronto para conocer si se aplican criterios divergentes. Mi opinión, tras escuchar a los fiscales, es que no. Tenemos un grupo de trabajo que está anallizando el caso'.

Sobre los 33 condenados en firme que no han podido ingresar en un centro García Calderón se reservó la respuesta. 'Estamos estudiando esa situación muy conflictiva. Al día de hoy no nos pronunciamos'.