Gobierno y PSOE constatan 'dificultades' para consensuar la Ley de Partidos

Gobierno y PSOE celebraron ayer una reunión para fijar los términos de la negociación de la reforma del proyecto de Ley de Partidos Políticos, una vez que los socialistas y el PP han intercambiado documentos políticos sobre el mismo. El secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, y el interlocutor del PSOE en el Pacto por las Libertades, Alfredo Pérez Rubalcaba,constataron las 'dificultades' que hay para un acuerdo y se fijaron como tope el próximo martes para intentar cerrarlo, ya que en esa fecha culmina el plazo de presentación de enmiendas de esta ley en el Parlamento.

Los textos intercambiados por el Gobierno y el PSOE, analizados ayer por sus interlocutores respectivos, al partir de posiciones muy distantes hacen difícil el pacto, con la particularidad añadida de que el Ejecutivo pretende que la negociación sea contrarreloj, ya que José María Aznar quiere tener la ley dispuesta para el 30 de junio, fecha del inicio de las vacaciones parlamentarias.

El documento que el PP ha enviado, en respuesta al que el PSOE le entregó hace doce días, sigue marcando las distancias con el de los socialistas sin que las posiciones se hayan alterado por ambas partes. Así, el PP sigue defendiendo como posición inamovible que el Parlamento pueda instar a la ilegalización de un partido, además del Gobierno y el Ministerio Fiscal, posición esta última que defienden los socialistas.

La retroactividad

También mantiene que la redacción de la polémica disposición transitoria del proyecto de ley no implica la aplicación retroactiva de la ley, a la que se opone el PSOE. El documento del PP insiste en que si Batasuna se mantiene dentro de los principios democráticos, una vez que haya sido promulgada la ley, no será ilegalizada. Esto, según el PP, demostraría que la ley no es retroactiva.

Ayer, el secretario general del PP, Javier Arenas, se refirió a esta cuestión para señalar, a modo de ejemplo, la dificultad del acuerdo con los socialistas. 'La nueva ley no tendrá efectos retroactivos, prueba de ello es que si mañana Batasuna rompe con ETA, nadie va a ilegalizarla', señaló.

Menores problemas se plantearían con la decisión última sobre la sala del Tribunal Supremo que debe decidir sobre la ilegalización de un partido. No obstante, el PP insiste que debe ser la Sala Especial del Tribunal Supremo. Los socialistas se inclinan por la Civil.

En cuanto al artículo 9, referente a las causas de disolución, los socialistas confían en que el Gobierno asuma un texto 'más ajustado y desprovisto de conceptos jurídicos indeterminados' sobre las causas de disolución de un partido político. El PSOE, en el documento que envió al Gobierno, defiende que expresiones como 'fomentar el odio' o 'la cultura de confrontación civil' deben desaparecer por su 'indeterminación'. También cuestiona que se penalice el desacuerdo con los 'valores constitucionales'.